Gabriel Reyes/ Corresponsal/ Opinión/
Para analizar la situación política de Guatemala la teoría se queda corta, existen variables que juegan un papel macabro, una especie de cáncer que se aferra a las débiles instituciones para utilizarles de puente para sus intereses económicos, la mafia de mercenarios de tacuche y el narco satélite ganan terreno brutal en la lucha por el poder.
Lo complejo de su abordaje es que el proceso institucional les beneficia, la ley electoral y de partidos políticos y su diseño parece ser fantástico para mercadear los puestos estratégicos en el gobierno, y sobre todo las diputaciones. Es de conocimiento general que un millón o un par de millones bastan para acceder a una silla en el Congreso. Dicho millón es moneda de cambio entre el financiamiento para el candidato de cualquier bandera y el lugar más alto en el listado, la tragedia entonces se hace evidente, como evidente se hace su aparente remedio.
El financiamiento es la clave, el financiamiento privado ha sido destruido, es decir probado disfuncional, no solo acaba con el ideal democrático-representativo, sino que transforma el proceso en un mercado vulgar.
Pero el problema no termina allí; al convertirse en un mercado, la mafia toma su lugar y entra al juego para colocar sus peones de conveniencia que les permitan mantener la impunidad con la que operan. El Congreso está tomado entonces por el narco-dinero, el dinero de los mercenarios de la mafia, ex-militares de dudosos intereses, alguno que otro millonario que financia “responsablemente” y ese par de diputados que siempre logran colarse por honor al ritual democrático y poseen cierta representación ciudadana, el caso de Nineth Montenegro.
Ante la evidencia urge transformar el sistema de financiamiento para los partidos políticos, cambiarlo a un sistema de financiamiento público que detenga este impacto, aunque parece complejo no lo es tanto, recordemos que las frecuencias de radio y señal de televisión a la que miles de guatemaltecos tienen acceso y por donde el mayor porcentaje de campaña política se hace eficiente, son propiedad del Estado, y es el Estado quien otorga en usufructo o alquiler dichos espacios. ¿Qué tal segmentar el espacio en los medios por igual para todos los partidos y suspender el poder de los que rentan dicho espacio el Estado?
Para realizar dicha modificación urge comprender su inmediata importancia, urge que el sector empresarial, el CACIF y los líderes del sector privado comprendan que están perdiendo la batalla, que poco a poco les resultara más difícil competir por el financiamiento contra el dinero de la mafia e incluso contra monstruos corporativos que hoy tienen disponible mucho más capital de lo que el sector que tradicionalmente tiene control del congreso se imagina.
Urge también que los sectores interesados en cuestiones, que aunque importantes, serán inútiles si no se modifica el sistema de financiamiento, como el asunto de las cuotas que genera tanta controversia, encuentren también la importancia de discutir el problema del financiamiento.
¿De qué sirve la representatividad por medio de cuotas si estas cuotas serán accesibles solo a quienes pueden pagarlas?
Cabe entonces soñar, con un movimiento ciudadano apoyado por un sector privado comprometido que entienda y por grupos alternativos que se interesan en las modificaciones a la ley, para promover un único cambio grande e importante, que golpee los intereses de la mafia y funcione en beneficio del ideal democrático. Apostar por el financiamiento público parece ser en efecto una solución, aunque haya quienes transpiren de más al oír la palabra, cabe el análisis y el debate que se ha abierto, la complejidad de las modificaciones que están en discusión en el Congreso pueden potencialmente destruir el avance de la propuesta, simplificarla, hacerla específica y puntual, para atacar un problema también puntual y evidente parece ser menester, se vale soñar…
