Idealmente, todos los Estados deberían velar por la obtención del bien común. Entendiendo el “bien común” como el fin supremo del Estado, que a su vez se concreta – o al menos debería concretarse – en tres aspectos fundamentales:

  • El respeto a la persona humana y su dignidad;
  • El bienestar social y el desarrollo del grupo social;
  • La paz, la estabilidad y la seguridad de un orden justo.

De tal manera que si un Estado, por X o Y motivo, no es capaz de garantizarle a sus ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos y la eventual consecución del bien común, estaríamos ante la presencia de un Estado incapaz de cumplir con su fin principal. Palabras más, palabras menos, estaríamos ante la presencia de un Estado ineficiente e inoperante.

Incluso algunos se han atrevido a apuntalar, de forma arrebatada a mi parecer, que un Estado incapaz de satisfacer las necesidades básicas de aquellos que habitan su territorio, es un “Estado fallido”. Me parece interesante el análisis efectuado por el sociólogo Luis Mack, quien pertinentemente señala que Guatemala no es un Estado fallido y, para explicar semejante aseveración, trae sobre la mesa una magistral interpretación de la teoría sistémica de Niklas Luhmann.

Básicamente, esta teoría señala que las sociedades modernas se dividen en subsistemas, delimitados por códigos de operación específicos – propios de cada sistema – por ejemplo, el sistema político, el económico o el ordenamiento jurídico.
De tal manera que, partiendo desde ese punto de vista, afirmar que Guatemala es un Estado fallido implicaría sobredimensionar y otorgarle valor hegemónico al sistema político, haciendo que los parámetros del resto de sistemas se corrompan sistemáticamente con los códigos de la política.
Tratando de ser un poco más claro, la “sobredimensión de la política” en un Estado como Guatemala no implica que vivamos en un Estado fallido, ya que en realidad el Estado tendería a funcionar. El problema reside en que, para nuestro infortunio, existen ciudadanos que están indudablemente por encima de la ley, porque conocen o son amigos de la persona adecuada.

Los famosos “conectes” y “el cuello político” son un verdadero cáncer que corrompe por dentro el sistema político y lo hace ineficaz.

Así, la falta de aplicación de la ley a todos los habitantes del Estado en condiciones de igualdad, o en su caso, el no trato a iguales como iguales y a desiguales como desiguales, es lo que ha provocado que el Estado de Guatemala haya sido cooptado por fuerzas oscuras, de distinto índole, que históricamente han buscado satisfacer sus propios intereses y no los intereses de la generalidad.
 
Ahora bien, que no seamos un Estado fallido, no implica que no estemos en peligro de serlo. Es innegable que el resto de sistemas: el jurídico, el económico, el social y el cultural, se encuentran condicionados en gran medida por el quehacer de los actores políticos.
Actualmente, Guatemala atraviesa una profunda crisis institucional. El sistema político corrupto finalmente ha colapsado, y poco a poco los protagonistas de esta macabra historia de horror han ido cayendo en manos de la justicia. La coyuntura ha respondido, entre otros factores, al hartazgo popular y la labor titánica del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala -CICIG-, quienes han enarbolado el sentimiento generalizado de rechazo contra el sistema político y se han convertido en la punta de lanza de una sociedad que reclama héroes que encabecen la batalla en contra de la impunidad, la corrupción y la injusticia.
No obstante, me parece pertinente hacer una acotación al respecto:
No me cabe la menor duda que algunas de las personas que actualmente se encuentran sometidas a proceso judicial por alguno de los tantos casos destapados por el MP y la CICIG son inocentes. Seguramente la mayoría no lo son, y por el contrario, forman parte de los cleptócratas que se han enriquecido a costa del erario público.
Sin embargo, creo que tanto el Ministerio Público como la CICIG deben velar por una aplicación efectiva de la ley y no perseguir a diestra y siniestra a cualquier persona, únicamente con el objeto de darle “sangre” a un pueblo que reclama venganza, como una expresión de la malformación del ideal de justicia.
Claro ejemplo de lo que digo es lo acontecido hace algunos días con el ex ministro de Finanzas Pavel Centeno. Un brillante economista, quien dedicó gran parte de su vida a la docencia y quien, al final de cuentas, fue víctima del clima de paranoia e incertidumbre con el que viven los guatemaltecos día con día. Una víctima del sistema. Una víctima de la coyuntura.
Nadie sabe en realidad qué pasó, pues las versiones oficiales se contradicen. No es mi intención defender la memoria del ex ministro. Únicamente me parece innegable el hecho que existió negligencia por parte del Estado durante el operativo que culminó con la desafortunada muerte de Pavel Centeno.
El Estado de Guatemala puede incurrir en responsabilidad, incluso internacional, por lo acontecido en los últimos días. De tal suerte que, al menos por el momento, habrá que esperar a que se realicen las investigaciones pertinentes respecto al presente caso.

Definitivamente, al menos a mi parecer, Guatemala no es un Estado fallido. El problema es que las mafias han cooptado el sistema político y lo han corrompido en su totalidad. 

Más preocupante aún son los efectos colaterales del desmoronamiento del sistema: la omnipotencia del Ministerio Público y la CICIG que, a la larga, puede ser más contraproducente que beneficioso.
Pienso que los guatemaltecos y guatemaltecos tenemos el deber de seguir apoyando la labor de ambas instituciones, pues de eso depende que el sistema político se siga depurando como lo ha venido haciendo. No obstante, también es cierto es que la depuración política puede dejar muchas víctimas inocentes a su paso y ese es, definitivamente, un aspecto a tomar en cuenta.
El Estado también peca, y peca fuerte, es por eso no hay que creer todo lo que sale en los medios…ni dejar de creerlo.
Queda ahí, para la reflexión.
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