Martín Berganza/ Opinión/
Estando en una universidad privada, las relaciones entre estudiantes y su asociación pueden caracterizarse como la de dos amigos, pero donde uno tiene derecho de llave a la facultad respectiva. Las asociaciones políticas de universidades privadas guatemaltecas se conciben desde sí mismas como un escalón más hacia una plaza de trabajo decentemente remunerada, no así como un cuerpo colegiado encargado de mediar entre el cuerpo estudiantil y las autoridades de facultad.
Menos aún como una plataforma para transmitir el descontento estudiantil sobre determinados temas en la esfera pública.
En mi experiencia, examinando el rol que juegan los estudiantes como mediadores, a simple vista y sin entrar a analizar datos concretos, parece que el rol de la asociación de estudiantes dentro de esta casa de estudios, la Universidad Rafael Landívar, es de mediar entre las autoridades de cada facultad y los estudiantes. Normalmente, cuando llega la época de asignaciones o algún estudiante pierde un examen, el estudiante se avoca al representante estudiantil o presidente del consejo (dependiendo a quién conozca o le tenga mayor afinidad) y puede reclamar que se le asignó con un catedrático con quien tiene enemistad, por ejemplo. O bien, otro ejemplo es cuando hay secciones enteras que pierden con un mismo catedrático, y suelen avocarse al representante estudiantil para buscar una medida que permita a los estudiantes aprobar el curso.
Si bien los representantes estudiantiles cumplen con cierta eficacia estas funciones, también existe la función – en otras universidades latinoamericanas, sobre todo públicas – de ser el órgano por medio del cual se intenta que el cuerpo universitario como tal actúe de determinada forma, sea hacia dentro o hacia afuera de la universidad. En este respecto, la actuación de los representantes estudiantiles landivarianos es bastante pobre, puesto que no se evidencian acciones o peticiones hacia autoridades universitarias con el fin de incidir en la realidad o coyuntura nacional. Esto también tiene otra razón de ser: el hecho de pertenecer una universidad privada, y de que exista una relación contractual con la universidad como proveedor privado de servicios.
Esto implica que el estudiante accede, aunque no expresamente, a seguir con ciertos reglamentos y estándares de conducta, algunos de los cuales impiden su desempeño en la esfera pública en su calidad de estudiante.
Por ejemplo, durante las manifestaciones del año pasado en contra del gobierno de Otto Pérez Molina, la Universidad del Valle no permitió que se marchase con el nombre de la universidad (estando en su derecho a extender o denegar esa autorización), así como la Universidad Francisco Marroquín. Esto, nuevamente, es una acción perfectamente legal, pero representa la dificultad del estudiante para buscar pronunciarse, incluso de forma lícita.
Pero exceptuando los intentos de organización del año pasado, ¿hay deseo dentro del estudiantado landivariano, y por extensión, de los estudiantes universitarios de instituciones privadas de organizarse, sea por asociaciones o bloques orgánicos, e intentar incidir en la política nacional, saliendo del molde de “asociación de jóvenes del sector privado”? El año pasado y hasta recientemente, mi percepción era que lo había. O por lo menos, lo hubo durante un tiempo. Pero tal parece ser que el pesimismo y apatía vuelven a reinar. La cotidianidad ultraconectada y banal no permite la reflexión. Si acaso, esta es estimulada por gifs de pictoline o infográfías de JusticiaYa en Facebook. Pero falta mucho para que el estudiante de universidades privadas tome conciencia de sí mismo, de su rol como élite dentro de la sociedad guatemalteca, y la importancia que éste puede llegar a tener en el teje y maneje de la política nacional.
Imagen: URL, Departamento de Agrupaciones Estudiantiles -DAE-
