Aubrey Guillén /
En el último ranking del Índice de Percepción de Corrupción 2016, Guatemala con una puntuación de 28/100, ocupando el puesto 136 de un total de 176 países evaluados. Con los recientes casos de corrupción presentados por la CICIG y el MP este año, nos hace pensar que el próximo año nuestra posición seguirá a la baja, al igual que nuestro crecimiento económico.
Los casos presentados este año hacen pensar que la corrupción en el aparato Estatal se encuentra más inmersa de lo que todos creíamos. Lastimosamente la solución está lejos del acto de salir a las calles y gritar “corrupto”, “ladrón” o peor aún, creer que las cosas cambiarán por medio de un tuit, retuit, share o comentario.
Esto ha hecho que perdamos el tiempo y nos enfoquemos en las ramas y no ataquemos el problema de raíz.
Después del #Pactocorruptos la Plaza “volvió” y las redes sociales se encendieron en contra de la corrupción. Luego de esto, se planteó una hoja de ruta sobre qué acciones tomar para cambiar la situación actual. Lastimosamente, poco más de un mes después, al parecer toda esa emotividad (como sociedad tenemos el mal del pronto olvido) se ha esfumado, las cosas siguen igual y no se vislumbra que las mismas vayan a cambiar.
La corrupción ha sido vista como una causa, cuando en realidad es un efecto. Tener esto en mente, es de suma importancia para comprender la lógica de los sistemas corruptos. La corrupción es un efecto del alto costo de la legalidad, mientras no se vea así, se podrán plantear mil reformas a leyes, fórmulas sobre qué hacer, llenar cárceles, pero nunca se lograrán instituciones más fuertes y honestas. [1]
Otra forma de decirlo es que el alto costo de la ley representa una oportunidad para no cumplirla. Ejemplo de esto es la economía informal en el país, en donde se admite la corrupción en sentido conceptual. La corrupción es un precio, en ese sentido, existe cierto debate académico. Para algunos la corrupción es un impuesto y para otros, se trata más bien de un seguro. Más que posicionarme sobre uno u otro bando, quiero resaltar que en efecto la corrupción tiene un precio y es en la mayoría de casos más bajo que la legalidad.
Con esto no quiero justificar la corrupción, ni mucho menos, sino más bien busco crear consciencia en la importancia en que se reformen las instituciones del Estado y que en lugar de legislar y poner trabas en las leyes, las mismas sean simples, fáciles de cumplir, pero sobre todo, se dote de las suficientes herramientas para poder sancionar en caso sean infringidas.
No es de extrañar que países como Alemania, Canadá, Suiza, Nueva Zelanda y Singapur, países ubicados en el top 10 del Índice de Percepción de Corrupción, se encuentren en los primeros lugares del Índice de Libertad Económica del 2017 (Guatemala se encuentra en el puesto 74)[2]
Esto demuestra que a mayor libertad de mercado, existirá menor corrupción.
Por ello, mientras sigamos teniendo un Estado intervencionista, que no garantice la libre competencia entre los agentes económicos y siga beneficiando a ciertos grupos tradicionales, la corrupción seguirá arraigada en nuestro sistema político- económico. Estos grupos se mueven bajo la lógica de que es más barato pagar una coima o un soborno al agente público, que competir en un sistema de libre mercado.
Entonces ¿cómo eliminamos la corrupción? Evidentemente no se eliminará con tuits, yendo a la Plaza a pedir renuncias, con más leyes o creando instituciones con poderes absolutos. Para realmente combatir la corrupción, se debe reducir el costo de la ley, dotar al sistema de certeza jurídica, de consensos mínimos y sanciones fuertes en caso existan infracciones, para que el costo de la ley disminuya y optar para que la legalidad en todo momento no sea una cuestión simplemente moral.
[1] Ghersi, Enrique. “El costo de la Legalidad” En Estudios Públicos Nº 30. Centro de Estudios Públicos. Santiago de Chile. 1998. Pp. 83–110
[2] Iber Global. “Índice de Libertad Económica”. Recuperado de la world wide web, disponible en: http://iberglobal.com/index.php/competitividad-internacional/1451-indice-de-libertad-economica-2017
