Los cambios propuestos serán para modificar la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos de nuestro país.  El proceso de reformas a dicha ley ha tenido una variedad de temas puestos a discusión. Uno de los que resalta es el tema de Financiamiento de los Partidos Políticos. En la ley actual, se establece que el Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos con US$2.00 por voto válido emitido a favor de la organización política en las elecciones pasadas.  A este aporte es el que se le denomina financiamiento público a los partidos políticos.

Entre las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil que han realizado propuestas para reformar la ley se encuentran el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Acción Ciudadana y el Consorcio Universidad de San Carlos de Guatemala, Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y la Universidad Rafael Landívar.

Dentro de las propuestas que ha presentado el Consorcio USAC-URL-ASIES para reformar el tema del financiamiento público, se propone aumentar a US$4.00.  Este dinero sería redistribuido de la siguiente manera: US$3.00 para la realización de actividades permanentes de los partidos y US$1.00 para un fondo común repartido equitativamente a todos los partidos para la formación de sus afiliados.  El TSE también propone elevar a US$4.00 el financiamiento, pero con una redistribución diferente.

El objetivo de elevar el financiamiento público es que el TSE pueda tener mayor control sobre estos fondos, y evitar que los partidos políticos recurran a fuentes privadas, muchas veces ilícitas, para promover sus actividades.  Recordemos que el dinero privado que reciben los partidos políticos en campaña muchas veces deben ser pagados con favores de licitaciones, plazas de trabajo, etcétera, al momento de llegar al poder.   La elevación del financiamiento público también ayudará a que las organizaciones políticas tengan la oportunidad de fortalecer sus actividades permanentes, por ejemplo la formación política de sus miembros, y no únicamente las del período electoral.

Actualmente existe un dictamen en el Congreso de la República presentado en el 2009 (Dictamen 38-26), el cual está sirviendo de base para la discusión dentro de la Comisión Específica de Asuntos Electorales. En base a las propuestas antes presentadas por el TSE y el Consorcio, se está buscando que los cambios se incluyan dentro del Dictamen.  Una vez la Comisión apruebe el dictamen, éste pasa al pleno del Congreso para su aprobación en tercera lectura.

 

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