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Asociación Tik Na’oj/ Opinión/

Guatemala tiene muy pocas políticas públicas que buscan el desarrollo integral para sus habitantes, principalmente  en temas de educación, salud, derechos económicos, culturales, políticos y sociales. Debido a estas precariedades, los habitantes toman decisiones que repercuten en las vidas familiares, comunitarias y a nivel de país a través de un flujo migratorio constante.

Según el estudio: El Salto al Norte, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- y la Oficina Internacional del Migrante –OIM- del año 2011, cada día alrededor de 330 personas salen de Guatemala en búsqueda de mejores oportunidades, realizando viajes costosos, arriesgándose a sí mismos y a los que dejan.  Un 72.4% son de sexo masculino y un 27.6% de sexo femenino; son jóvenes en su mayoría; entre 19 a 29 años; originarios de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Jutiapa, Escuintla y de la ciudad capital.

La mayoría de la población que opta por salir del país, carece de un desarrollo integral y busca un bienestar individual y colectivo.

Sin embargo, después cambian las razones, y las personas optan por buscar un beneficio principalmente familiar, dejando por un lado el desarrollo individual, arriesgándose a las vicisitudes de las fronteras y el maltrato e indiferencia de otros países.  Todo ello sin considerar que este tipo de población que emigra tiene un alto potencial, habilidades, destrezas y sobre todo, valores.

Entre estos podemos hace visibles algunos:  RECONOCIMIENTO de parte de la sociedad porque para poder salir del país se necesita de altos costos económicos, para ello acuden a vecinos y conocidos para obtener esta economía, esto es facilitado cuando existe un alto reconocimiento personal y familiar; ALTO INTERÉS DE SUPERACIÓN, porque muy pocas personas se doblegan ante el acomodamiento; RESPONSABLES, porque al momento de llegar a su destino tienen trabajos duros y pesados con tal de cancelar la deuda realizando pagos puntuales; LUCHADORES, porque a pesar de las diferentes limitaciones entre ellos, el idioma o las costumbres, luchan para poder lograr su propósito.

Mientras terminamos de comprender esta situación  las deportaciones cada vez aumentan, sin tomar en cuenta si el propósito y meta de estas personas fueron alcanzadas, si se les dio una atención individual de forma legal y psicológica a cada caso de detención, si tuvieron las condiciones necesarias en las cárceles mientras se tramitaba la deportación.

Estas y otras preguntas surgen, mientras los aviones aterrizan trayendo consigo a hombres y mujeres con dolor, con una historia propia y con un anhelo más.

Pero, entonces ¿qué papel juega el Estado de Guatemala ante esta problemática que se agudiza cada vez más? ¿Será que a lo largo de los años se han creado políticas públicas en favor de estas personas que son el motor de desarrollo económico de este país o simplemente se ha normalizado y acomodado ante esta situación? ¿Qué papel han desempeñado  las instancias encargadas de esta temática? ¿Contarán con los recursos necesarios para realizar la labor asignada? Estos y otros cuestionamientos debemos realizarnos a diario, para generar los cambios estructurales que necesita el país.

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