Andrea Godínez/ Brújula/
En una mañana típica de febrero, de esas a principios de año cuando el viento aún es fresco y cuando los amaneceres se van despojando del invierno y empiezan a darle la bienvenida al verano, ese día David le ganó una batalla a Goliat.
Así empezó la mañana del lunes 22 de febrero de 2016 para los pobladores de una comunidad en resistencia ubicada al nor-oriente de la Ciudad de Guatemala, La Puya. Desde 2012, la resistencia se encuentra luchando contra el proyecto minero Progreso VII Derivada que se encuentra ubicado entre los municipios de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc. Cuetes, aplausos, abrazos y demás muestras de celebración, se percibían en los comunitarios de varias aldeas cercanas a la resistencia luego que la Corte Suprema de Justicia dictaminara ese día la suspensión provisional de operaciones del proyecto minero, por no haber realizado una consulta comunitaria que determinara la aprobación o no de los pobladores sobre las operaciones e instalación de este en el área.
Sin embargo, para la comunidad en resistencia, esta no es ni será la única batalla que les tocará luchar. Las acciones judiciales que han realizado, hasta el momento, son avances significativos para sus demandas pero esto no detiene el avance y surgimiento de otros proyectos mineros con licencia para operar en la localidad. Sin mencionar, que desde la instalación de la resistencia, EXMINGUA, empresa encargada del desarrollo del proyecto minero, ha interpuesto una serie de amparos que justifican y habían permitido hasta esa mañana, las labores de la mina.
Guatemala es el departamento que alberga la mayor cantidad de zonas o regiones urbanas y donde se centra la mayoría de la actividad económica y administrativa del país. Tiene una extensión de 2,126 kilómetros cuadrados, cuenta con 17 municipios y a nivel nacional es el departamento que cuenta con la mayor cantidad de habitantes, los cuales para 2014 sumaban un total de 2,541,581 guatemaltecos residentes. Así, en este pequeño departamento que apenas ocupa el 2.2% del territorio nacional, es donde se concentra la mayor actividad minera del país. Del 100% de licencias vigentes actuales en todo el país, el 25% de estas se localiza en el departamento que alberga a más de 2 millones de habitantes y donde se encuentra ubicada la Ciudad de Guatemala. Pero hablar de minería en Guatemala y específicamente en el departamento de Guatemala, es un tema que trasciende más allá de la propia Puya. ¿Tienen realmente los guatemaltecos conocimiento de esta situación? o ¿es simplemente algo de lo que nadie habla? Un poco de ambas. Lo que sucede es que tanto las empresas como los medios de comunicación tradicionales han vendido la imagen que los proyectos mineros y la conflictividad social que muchos de estos generan, se encuentran en el área rural, allá por los departamentos de Huehuetenango, San Marcos o en Santa Rosa; todos a más de 100 kilómetros de distancia de la capital. Entonces, ¿qué tan deslegitimada o poco válida queda la lucha de la resistencia de la Puya después de todo? Los comunitarios que conforman esta resistencia, afirman que la minería en la zona traerá contaminación, desastres naturales y escasez de agua no solamente en la población cercana, sino también en la región metropolitana del departamento.
Para inicios del 2016, de acuerdo a datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), 78 empresas cuentan con licencia para la exploración y explotación de minerales, esto a pesar que el ministerio actualmente ha publicado que durante este año, ninguna licencia en trámite se ha aprobado.
En el siguiente mapa, se pueden ubicar las áreas con mayor concentración de minería en el departamento de Guatemala:
Ver aquí: detalle de las empresas, minerales, extensión territorial de los proyectos y demás datos.
Y es aquí donde la historia de David y Goliat del inicio cobra sentido. El 22 de febrero, la resistencia ganó una batalla, una batalla que ha sido apelada por la empresa minera, y que al observar el panorama completo, únicamente es una resistencia ante un proyecto minero de los casi 80 que existen en el departamento de Guatemala. ¿Qué implica esto para el territorio del departamento? Que los impactos de la minería no serán más grandes ni tampoco diferentes a otros lugares del país e incluso del mundo. Pero sí repercutirá a que los impactos lleguen más rápido que en otros lugares por ser esta una zona relativamente pequeña y que concentra una gran cantidad de proyectos y población. Escasez y contaminación de agua, -más de la que ya hay,- deslave de tierras, contaminación del aire a causa de las partículas de polvo que se suelta y posibles derrumbes de puentes que comunican el ingreso a la capital, son algunos de los impactos que esta actividad puede llegar a causar en muy corto tiempo.
Además, el Estado guatemalteco ha creado condiciones que facilitan y permiten a empresas transnacionales, la instalación y explotación de minerales donde lo único que les exigen, es la presentación de un estudio de impacto ambiental que justifique la extracción, las técnicas que se utilizarán, los ingresos que generaran al gobierno local y gobiernos municipales y el procedimiento que se realizará para el cierre del proyecto. Esto refleja la poca exigencia que el Estado representa para las empresas. Obtener una licencia de reconocimiento, exploración o explotación minera, es tan fácil como reunir la papelería necesaria para obtener, por ejemplo, la licencia de conducir.
De acuerdo a Raúl Maas, director del Instituto de Investigación y Proyección de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, las leyes guatemaltecas no limitan la autorización de las licencias mineras y ponen en conflicto a las comunidades cercanas a los proyectos, ya que la minería en Guatemala, se puede hacer en cualquier lugar, solo se necesita la elaboración de un documento lo suficientemente convincente para las autoridades y el proyecto va. “En Guatemala, hace falta una decisión política de país que establezca dónde se puede hacer minería, dónde no debe existir y finalizar con una consulta a los habitantes de dónde se puede hacer minería” agregó Maas.
“La Puya amenaza al sistema por su capacidad de cohesión para mantenerse en la lucha y por su capacidad durante este tiempo, de atravesar por diversas situaciones y cambios de líderes políticos”.
El Estado de Guatemala ha establecido que la industria minera es una de las actividades que más aporte económico genera para el país ya que atrae la inversión extranjera y es la que más aportes proporcionales hace al Producto Interno Bruto. En un informe presentado por la firma de investigación Central American Business Intelligence (CABI), titulado “La Situación Económica, Fiscal y Financiera de la Industria Extractiva o de Minas y Canteras en Guatemala”, destaca que la minería representa un 0.9% en el aporte al PIB, constituyéndolo como el sector que más ayuda relativa da al crecimiento del país, especialmente por el aumento que esta industria ha tenido en las últimas dos décadas. En lo laboral, de acuerdo al informe, genera alrededor de 6 mil empleos directos y en cuanto a impuestos, regalías e ingresos al gobierno central, la industria paga en promedio el 53% de utilidades al país. Sin embargo, organizaciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, y con datos del Banco de Guatemala, contraponen los datos presentados por el CABI ya que demuestran que el sector minero, en comparación a otras actividades, para el 2014 en datos preliminares, es el sector que menos ha aportado al crecimiento económico del país (0.7%)
Ver documento completo del ICEFI
Todo tipo de minería impacta tanto a nivel social como medioambiental, eso está claro. “No existe minería verde y una vez se extrae el material deseado, esto no se vuelve a recuperar”, agrega Maas. El subsuelo no cuenta con las condiciones para volver a generar la formación de estos minerales y el problema más grave es que la extracción no está beneficiando a las localidades. Pero no se puede ser del todo radical. Todos queremos casas de block, fundidas con cemento y techos de teja para adornarlas y para hacerlo, se requiere del uso de estos materiales y no se puede negar su extracción. Por su parte, el aporte económico de la industria minera de metales preciosos es bueno, pero no debería ser el más importante ya que la dinámica de esta última, de acuerdo a un estudio del IARNA, muestra que su modo de explotación es voraz y devastadora para el medio ambiente. El impacto de la contaminación es agravante y sin posibilidades de regenerarse causando muchos daños y modificaciones al estilo de vida de las comunidades. Además, al momento de que un proyecto se encuentre en su fase de cierre, carece de una supervisión institucional adecuada por las instituciones encargadas. Ni el MARN, el MEM o las municipalidades locales, están haciendo algo para que el impacto socio-ambiental y sostenibilidad de vida a futuro generado por la extracción, no sea catastrófico.
Marco Morales, Ingeniero en Agua y Ambiente, agrega que el problema de Guatemala es que el país está quedando desprotegido por la falta de regulaciones institucionales que se encarguen de supervisar y acompañar adecuadamente el proceso de los proyectos mineros, la falta regular el ingreso de regalías y cumplimiento en el pago de impuestos y finalmente, porque no se está consultando a las comunidades afectadas su aprobación, o no, sobre la instalación de los proyectos. Para que la minería sea una actividad que beneficie tanto a comunidades, como al gobierno, Morales recomienda la implementación de tres cosas: 1. Potencializar las capacidades institucionales a través del aumento de recurso humano que se encargue de supervisar los procesos de los proyectos mineros, 2. Voluntad política de las instituciones encargadas de monitorear los procesos y del gobierno al momento de ser el ente regulador y conciliador; y 3. Mayores recursos financieros para la implementación de las anteriores recomendaciones.
Ahora, vamos a septiembre y el viento fresco de febrero, no lo es más. Cada vez el clima es más pesado, las lluvias nublan el panorama y la golondrina parece volar sola. Ante esta situación, aparentemente, la Puya no logra hacer verano y la falta de apoyo de la sociedad civil o de los medios de comunicación, únicamente han aislado su lucha y sus victorias. Pero si se ve más allá de lo que a simple vista se ve, en las montañas de los otros departamentos, también existen resistencias y comunidades que se están organizando, luchando y dando su vida ante este modelo de desarrollo que el Estado promueve. Entonces, ¿cómo se ve el horizonte? ¿Sigue nublado y oscuro o ha cambiado?
Imagen Flickr por: RL GNZLZ
