De entrada, pongo sobre la mesa un debate que ha estado presente desde hace mucho tiempo: ¿deberían las Universidades, en su calidad de instituciones de educación superior, involucrarse en la vida política del país? O mejor aún, siendo un poco más incisivos en la discusión, ¿deberían los estudiantes universitarios evitar “contaminarse” y mantenerse ajenos a la realidad social y política que les rodea?

La interrogante surge ante la necesidad de analizar cuál es o cuál debería ser, el papel del estudiante universitario en las crisis políticas y de Estado, determinando si el aporte de la academia debería limitarse, con exclusividad, a la contribución a través del estudio y la investigación.

En primer término la respuesta a estas interrogantes estarán marcadas, irremediablemente, por el subjetivismo de quien responde. No obstante, me gustaría aportar – desde mi experiencia como líder estudiantil – algunos elementos que me parecen importantes a tomar en consideración.

Guatemala es un país con infinidad de problemáticas y matices propios: una sociedad racista, machista, prejuiciosa y con una marcada desigualdad social.

A esto se le suma el hecho que vivimos en una sociedad lastimada, lacerada por un conflicto armado e ideológico que duró más de treinta años y marcada en sus entrañas por una época oscura de dictaduras militares, represión y violencia en contra de la población civil. Esto terminó sirviendo como caldo de cultivo para el levantamiento del movimiento estudiantil universitario, en aquel entonces, exclusivo de la universidad estatal.

Precisamente, en cuanto al movimiento estudiantil se refiere, es innegable que la Universidad de San Carlos – como la casa de estudios superiores más antigua y con más peso político del país – ha acompañado históricamente las luchas de la población y prueba de lo que digo, son aquellos líderes estudiantiles de antaño que ofrendaron sus vidas en su lucha por la transformación de Guatemala. Digo, aquellos estudiantes que levantaron la voz y no se quedaron callados ante la injusticia.

Con el paso del tiempo, las mafias – muy inteligentemente – terminaron por tejer sus redes a lo interno de la universidad estatal, politizándola, y trayendo consigo un proceso de desnaturalización de la política estudiantil. De pronto el estudiante dejó de ser visto como un impulsor de cambios y transformaciones sociales profundas, estigmatizándose a la política estudiantil como “pérdida de tiempo”, “bochinche”, “cosas de encapuchados” y de “patojos vulgares y borrachos”. Es así como la política estudiantil en Guatemala durmió el sueño de los justos por muchos años, quedando totalmente desnaturalizada y con las mafias incrustadas a lo interno de los movimientos estudiantiles.

Por otro lado, en un mundo paralelo y completamente ajeno a la política estudiantil de la USAC, aparece en escena otro tipo de política estudiantil: la de las universidades privadas.

Creo que después de algunos años de estar involucrado en agrupaciones y asociaciones políticas estudiantiles en una universidad privada, tengo cierta solvencia para poder hablar al respecto.

Esta es una política estudiantil, distinta, digamos.

Una política estudiantil que trabaja más a lo interno de las universidades y se caracteriza por la organización y planificación de foros académicos, actividades deportivas, culturales o de proyección social en beneficio de los estudiantes. Con nuestro trabajo como líderes estudiantiles, procuramos velar por los intereses de la comunidad estudiantil que nos elige por la vía democrática, pero siempre a nivel interno de la universidad y sujetos a los marcos regulatorios establecidos por las instituciones que representamos, razón por la cual la incidencia política – hacia el exterior de nuestras universidades – es casi nula, por no decir inexistente.

Dados estos dos contextos, brevemente esbozados, hay dos eventos que marcan un verdadero punto de inflexión en cuanto a la política estudiantil en el país se refiere: las crisis políticas de 2015 y 2017. Cada una con particularidades distintas, coyunturas distintas, matices distintas y protagonistas distintos, la irrupción social derivada de estas crisis ha conllevado un “resurgimiento” de la política estudiantil. La necesidad de articular esfuerzos en contra de la corrupción obligó a los líderes estudiantiles de todas las universidades del país a unirnos, dejando de lado diferencias ideológicas y reconociendo a la corrupción como ese enemigo común de todos los guatemaltecos y guatemaltecas.

Hoy por hoy, la política estudiantil, tanto a nivel USAC como a nivel universidades privadas, ha tomado un segundo aire y es capaz de ver un nuevo horizonte.

La recuperación de la AEU, que ha vuelto a revestir de legitimidad y decoro a la política estudiantil de la universidad estatal, constituye un hito histórico que nos llena de esperanza de cara el futuro que se avecina. Por su parte, en cuanto a las universidades privadas – y particularmente la política estudiantil de mi universidad, mi alma mater, la Universidad Rafael Landívar – me parece que los acontecimientos de los últimos años nos han hecho comprender que como líderes estudiantiles no podemos ser ajenos a la realidad política, económica y social que Guatemala atraviesa.

Siempre sin perder los ideales que nos caracterizan, como instituciones respetuosas de nuestros valores y principios fundamentales, en 2017 las asociaciones políticas estudiantiles de la Universidad Rafael Landívar dimos ejemplo de que es posible, desde nuestro espacio como estudiantes, tener incidencia en la transformación del país.

Así pues, esta política estudiantil bien orientada, dirigida por jóvenes con un interés genuino por servir a sus compañeros y al país, derivó en una serie de consensos y acciones conjuntas que – sin el ánimo de sonar pretencioso – muchos políticos guatemaltecos deberían imitar:

i) La forma en que canalizamos las expresiones de repudio de los estudiantes frente a la corrupción, a través de comunicados públicos y asambleas estudiantiles;

ii) El diálogo y la búsqueda de consensos entre nosotros – como líderes estudiantiles – sin búsqueda de protagonismos y con la firme convicción que Guatemala necesita de la voz de sus estudiantes en estos momentos de crisis;

iii) Reuniones constantes con instituciones públicas, sociedad civil y movimientos estudiantiles de otras Universidades, buscando siempre la proposición de una hoja de ruta común, con acciones en beneficio del país a corto, mediano y largo plazo;

iv) Por último, el ver a todos los y las Presidentes de las Asociaciones Políticas Estudiantiles de la URL – Humanidades, Ingeniería, Políticas, Derecho, Nutrición, Ciencias Económicas, Arquitectura y Diseño, Medicina – sentados en una misma mesa con autoridades de la Universidad, dialogando sobre la posibilidad de sumarse al Paro Nacional del 20S, constituye sin duda un avance gigante en materia de negociación, diálogo y proposición de ideas, como piedra de cimiento para la política estudiantil moderna.

Más allá de una manifestación, me parece que las universidades del país tenemos la obligación y el compromiso moral de proponer soluciones a las problemáticas del país a través de nuestros líderes estudiantiles, de nuestros institutos de investigación, con propuestas claras, con una óptica académica, no “politiquera”, sino científica, técnica y profesional.

Guatemala y los tiempos históricos que vivimos así lo demandan.

Ideas frescas y llenas de ilusión por un país mejor: eso es hacer política estudiantil en el siglo XXI.

“Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar el mundo y los estudiantes sean sumisos ante el tirano”.