By El Ágora DAE
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Por: José Andrés Pérez Linares

“En este país pequeño todo queda lejos: la comida, las letras, la ropa…” —<Lejanía>, Humberto Ak´abal.

Se menciona con frecuencia, en la vida pública de las altas esferas políticas y académicas, así como en la vida cotidiana, que la educación es la solución, a largo plazo, de los problemas que aquejan a nuestro país y al mundo entero. No obstante, se hace necesario cuestionarnos: ¿qué tipo de educación? ¿cuáles son las características mínimas, según las cualidades y necesidades de las personas en formación, que debe tener la educación? ¿qué implica que la educación sea un Derecho Humano?

El objetivo del presente ensayo es dar respuesta a las interrogantes en cuestión y a la vez demostrar que la educación, siempre y cuando tenga el respeto y fomento de la dignidad humana como parámetro y brújula, es precisamente la herramienta que permitirá forjar una nueva sociedad, una en la cual el trato humano sea la norma y no la excepción, donde el reconocimiento de los demás, como nuestros iguales, genere una actitud recíproca de colaboración humana, donde las mujeres, los niños y las niñas puedan estar seguras, que aplique la igualdad, la perspectiva de género y la interseccionalidad, en resumen: una sociedad en la que el futuro y las oportunidades estén al alcance de todos.

La educación, dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, se manifiesta en la sección cuarta de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual contiene un artículo específico bajo el epígrafe “derecho a la educación” (artículo 71) y diez artículos más que abordan temas como los fines de la educación, el magisterio, entre otros. La Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado sobre el mencionado artículo 71, en el sentido siguiente:

La educación es un derecho y uno de los servicios vitales que presta el Estado, ya que tiene relación directa con la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano; es la herramienta esencial que permite la proyección social de la persona, la realización de sus derechos fundamentales, como el de igualdad -al tener igualdad de oportunidades- y es un instrumento fundamental para el progreso humano, social y económico del país“1.

Del pronunciamiento anteriormente citado, resalta el hecho que, a través del ejercicio del derecho a la educación, las personas como seres individuales pueden obtener un desarrollo y crecimiento personal, lo cual eventualmente conduce a través de la obtención de este desarrollo individual, a la construcción del fin supremo del Estado: el bien común. Además en este fallo, la máxima corte en materia constitucional reconoce la importancia y los efectos sociales que tiene la educación, lo cual es consecuente con la teoría moderna del desarrollo, la que considera que:

la educación incide de manera fundamental en el desarrollo integral de la persona, en la expansión económica de una sociedad y en la reducción de las condiciones de pobreza que la afectan…”2.

En el ámbito internacional, el derecho a la educación figura en los artículos: 26, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 13, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 49, de la Carta de la Organización de Estados Americanos; 13, del Protocolo de San Salvador y 16, de la Carta Democrática Interamericana. Las Convenciones y Tratados de Derechos Humanos, orientados a la protección de grupos vulnerabilizados, también contemplan este derecho en pasajes como: el artículo 26, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual trata de los pueblos indígenas y tribales; el 24, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el 10, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, etc.

El hecho que el derecho a la educación figure de sobremanera a nivel internacional, se debe a que el mismo ha sido categorizado históricamente como un Derecho Humano, lo cual implica su reconocimiento y no su otorgamiento por parte de los Estados, pues es inherente al ser humano y a su dignidad. Su protección desde el ámbito internacional refuerza las obligaciones del Derecho interno de cada Estado.

Otra consecuencia que conlleva el hecho que la educación sea caracterizada como un Derecho, es la aplicación del principio de no discriminación. La aplicación de este principio implica la detección de los elementos jurídicos de la discriminación:

1) desigualdad de tratamiento, consistente en distinción, exclusión o preferencia.

2) que la desigualdad se base en una causa o criterio que señalan las normas jurídicas como prohibidos.

3) que tenga por efecto anular la igualdad de trato o la igualdad de oportunidades3

Para su prevención y sanción, además, dicha aplicación debe contemplar la discriminación indirecta, la cual ha sido entendida como “aquellos tratamientos jurídicos formalmente neutros o no discriminatorios, de los que derivan, por las diversas condiciones fácticas que se dan entre el colectivo de los hombres y el de las mujeres en similar situación, consecuencias desiguales por el impacto diferenciado y desfavorable que tienen sobre los miembros de uno u otro sexo”4.

Las expresiones de discriminación en el ámbito educativo, han significado una obstaculización que llega a ser total del ejercicio del derecho a la educación, factores como la deserción escolar por las condiciones de pobreza, la explotación laboral infantil, la falta de accesibilidad a centros educativos en áreas rurales, la falta de educación en lengua materna con perspectiva etno-educativa y pertinencia cultural, instalaciones y personal educativo no apto para personas con discapacidad, entre otros factores, implican una imposibilidad para obtener educación y todos estos fenómenos derivan del flagelo de la discriminación.

En el caso de las mujeres, lamentablemente el ámbito educativo no escapa a la existencia en la sociedad de la violencia machista y su manifestación a través de sus diversas formas (principalmente la violencia sexual), en Guatemala, entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, 977 maestros fueron denunciados por delitos de índole sexual (5), siendo además un dato sorprendente que, en el año 2020 pese a la suspensión de clases presenciales, se realizaron 58 denuncias. Esta estadística, que no toma en cuenta la cifra negra de casos que no se denuncian, demuestra que uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de una educación adecuada para las mujeres, es la existencia de inseguridad en el ámbito educativo, porque en una sociedad machista las mujeres no están seguras en la calle o a veces, ni es su propia casa, por lo que las escuelas tampoco han logrado constituir un escape a esta repudiable realidad.

Paola Guzmán Albarracín fue víctima de abuso sexual por parte del vicerrector del colegio donde estudiaba, es decir, en el ámbito educativo; el abuso empezó cuando ella contaba con catorce años y culminó cuando tenía dieciséis, porque se suicidó. Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Ecuador, por violar el derecho de la niña a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo, sentencia en la cual señaló:

“(…) una educación que se imparta vulnerando derechos humanos, no permite cumplir los cometidos señalados, resulta frontalmente contraria a los mismos y, por ende, violatoria del derecho a la educación. Los Estados deben adoptar acciones adecuadas para prevenir violaciones a los derechos humanos, en el curso del proceso educativo de niñas y niños. En el cumplimiento de estos deberes, es preciso que los Estados tengan en consideración la gravedad y las especificidades que presentan la violencia de género, la violencia sexual y la violencia contra la mujer; siendo todas  una forma de discriminación. Las niñas y niños tienen entonces, derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual. Por otra parte, como indicó el Comité DESC, la educación debe ser “accesible” a todas las personas, <especialmente a [quienes integran] los grupos más vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos>” 6.

El caso anteriormente citado se ha tornado emblemático, por ser el primer caso donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la violencia sexual en el ámbito educativo. Este hecho ocurrió en Ecuador, debemos preguntarnos: ¿cuántas Paolas Guzmán Albarracín hay en Guatemala? La importancia de visibilizar el problema de la discriminación y la violencia como factores que imposibilitan el derecho a la educación, radica en poner los mismos en el centro de la discusión, con el objetivo de tomar acciones concretas para su erradicación y para resarcir a los afectados.

Dentro de estas acciones, se puede partir por identificar cuáles son las prácticas discriminativas y violentas comunes, que por normalizarse, no se reconocen como tales, adecuar personal, infraestructura y metodología educativa a las características de los grupos vulnerabilizados, garantizar seguridad en los ámbitos educativos, educación sexual, aplicar la inclusión y la apertura, la pertinencia cultural, la educación en el idioma materno, la generación de espacios sanos de convivencia estudiantil, el combate frontal a los estereotipos y los prejuicios a través de deconstrucción cuestionamiento y, un tema que incluso puede sonar utópico, aunque debería ser esencial: la plena vigencia de los Derechos Humanos.

En conclusión, si el futuro se forja en las aulas, mientras estas sean aulas no accesibles por la discriminación y a la vez inseguras por la violencia, resulta fácil predecir cuál es ese futuro que nos espera.

Privar del derecho a la educación apersonas por aspectos étnicos o por razones tan básicas como puede serlo el lenguaje que hablan, es lo mismo que privarlos del futuro.

Ahuyentar a las mujeres y las niñas de las aulas porque no se les puede garantizar como espacio seguro, es ahuyentar el desarrollo y el progreso de nuestra sociedad. Las acciones para conseguir el ejercicio del derecho a la educación, sin los flagelos ya mencionados, exigen un esfuerzo principalmente social, porque para poder construir una sociedad mejor y más pacífica, el primer paso es que la sociedad actual decida cambiar.

 

Referencias:

1 Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Gaceta 89. Expediente 478-2008, Inconstitucionalidad de carácter general. Fecha de sentencia: 24/09/2008.

2 MORFIN MANSILLA, Gladys Annabella. El derecho a la educación. Artículo contenido en: ANDRADE-ABULARACH, Larry, y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional homenaje guatemalteco a Héctor Fix-Zamudio en sus 50 años como investigador del Derecho. Primera edición. Guatemala: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar, 2013. Página 296. ISBN: 978-9929-584-27-3.

3 RODRÍGUEZ PIÑERO, Miguel y FERNÁNDEZ LOPEZ, María. Igualdad y discriminación. Primera edición. España: Tecnos, 1986. Página 97. ISBN: 9788430912537.

4 REY, Fernando. El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo. Primera edición. España: McGraw-Hill, 1995. Página 64. ISBN: 84-481-1628-3.

5 ESPAÑA, María José. 977 maestros han sido denunciados por delitos sexuales en los últimos cinco años. Prensa Libre. 2021, 27 de febrero. [Fecha de consulta: 3 de julio de 2021] Disponible en: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/977-maestros-han-sido-denunciados-por- delitos-sexuales-en-los-ultimos-cinco-anos/.

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, 24 de junio de 2020, párrafo #118.

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