Gabriel Reyes/ Colaboración/
Un profesional universitario, que trabaja para un organismo internacional para la promoción del desarrollo humano, comentaba en Facebook que la confesión abrupta y cínica de Johnny Reyes, supuesto integrante de la mara 18, de haber asesinado a sangre fría a Ana Leonor Guerra, comunicadora del Hospital Nacional San Juan de Dios, debería abrir de nuevo la discusión sobre la pena de muerte aclarando antes, por supuesto, que su verdadera preocupación es el destino de sus impuestos.
Ese debate orgánico, hepático y sin profundidad académica, ese que deambula por las calles, promovido en parte por la viuda del controversial abogado Palomo y otros conservadores, que jamás han entendido el enfoque de Derechos Humanos, es tajante y sencillo de procesar:
Básicamente pretende eliminar a todo aquel que no encaje en el paquete de reglas, aún cuando dentro de las reglas mismas se haya determinado como proceder.
Los argumentos se construyen alrededor de los impuestos que se gastan en la reinserción de quien delinque, en la gravedad de los delitos, el daño irreparable de las muertes, la disuasión de la reincidencia y de la comisión primeriza de delitos, y en general en el argumento bíblico del “ojo por ojo”; ahora bien, analizar parcamente la delincuencia y la violencia es irracional y peligroso, como también lo es ser activista bajo el panfleto de la venganza y la disociación con la problemática en su total profundidad. A veces puede ser igual de peligroso particularizar; sin embargo la herramienta es útil, para relacionar cifras preocupantes con un ejemplo puntual, tal es el caso de Johnny, a quien intentaremos tratar como un ser humano.
Asumimos entonces que Johnny, nació y ha vivido toda su vida en condiciones de pobreza , pero vea usted que no es el único, Johnny comparte esa condición con más o menos 9 millones y medio de guatemaltecos y guatemaltecas[1] (¿siente usted ese fervor patrio?) la cosa no termina ahí, de esos casi 7 millones restantes, más o menos 3.7 millones viven en extrema pobreza; aquellos que sobreviven con algo así como 9 quetzales al día, según el Fondo de Población de Naciones Unidas, no solo ha aumentado el porcentaje, también ha aumentado la intensidad de la pobreza, que ahora se caracteriza por mayores grados de precariedad, inaccesibilidad a servicios básicos y carencias en general. [2]
Johnny, debido a su condición de pobreza pudo haber sido víctima de una mala alimentación y haber sido en algún momento, antes de cumplir los cinco años, desnutrido crónico; como cuatro de cada diez niños y niñas (43.4%) menores de cinco años. [3] Si usted a la fecha no ha indagado en las consecuencias que tiene la desnutrición crónica en la formación normal del cerebro de una persona, lo invito a que revise la literatura. [4]
Johnny además de ser pobre y haber padecido de desnutrición crónica en su infancia seguro cayó en la parte oscura de los datos que se publican en la página del Ministerio de Educación y que no parecen generar una alarma pertinente, y es que; de tener una cobertura 98.7% de cobertura de la educación primaria en el año 2009, el porcentaje ha caído drásticamente a 81% para el año 2015. Es quiere decir que de los 1,852,033 niños entre 5 y 9 años, más o menos 350,000 están fuera de la escuela, por consiguiente vivirán fuera del ambiente educativo y sus probabilidades de construir un plan de vida digno, se reducen casi a cero.
Asumamos que Johnny terminó la primaria (las probabilidades aunque en descenso, le favorecen), aún tiene muy pocas posibilidades de haber cursado el básico y mucho menos el diversificado, de 1, 728,635 jóvenes cuyas edades oscilan entre 15 y 19 años más o menos 1, 250,000 no tienen acceso a educación secundaria.
Para el 2015 el INE reportaba que de 10.7 millones de personas en edad de trabajar el 59.4% de la población se encontraba dentro de la población ocupada, aquellas personas de 15 años o más que durante la semana de referencia hayan llevado acabo, en un intervalo de al menos una hora, alguna actividad económica, trabajando en el período de referencia por un sueldo o salario en monetario o especie.[5] Asumamos entonces que Johnny, según sus antecedentes, ha terminado en este porcentaje que no participa de ninguna actividad económica lícita. Johnny ha caído en ese grupo conocido como los “ni-ni”.
El camino de Johnny es relativamente es sencillo de entender: Sin nutrición, sin servicios básicos y sin educación, Johnny no tiene la posibilidad de construir un plan de vida que le permita acceder a un empleo digno, caer en la delincuencia en entonces inminente.
Ahora asumamos que Johnny es mujer, a la misma combinación de factores habrá que sumarle la inaccesibilidad de métodos de planificación familiar por diversas causas, culturales, económicas, sociales, educacionales o de abastecimiento. El desenlace cuasi mediato es el embarazo no deseado, que termina muchas veces en prácticas de aborto inseguro, mortalidad materna y mortalidad infantil.
Entender la correlación que existe entre los indicadores, es también entender el enfoque estratégico para atacarlos: Sublata causa, tollitur effectu.
Establecer prioridades es papel del gobierno, pero también lo es de sociedad civil. ¿Dónde están las organizaciones que entienden esa dinámica correlativa y se enfocan en perseguir el llenado de las brechas entre indicadores?, me explico: si el Gobierno proyecta la reducción de un indicador en un porcentaje determinado a través de una serie de acciones y dicha reducción no se cumple, ¿Está sociedad civil organizada para exigir cuentas? ¿Dónde está la exigencia continua para reducir la brecha de cobertura de la escolaridad?, ¿o el porcentaje de desnutrición crónica infantil?, ¿o el acceso a servicios de planificación familiar?.
La sociedad civil no estadista, panfletera, que muchas veces no entiende el dilema de la construcción de los Derechos Humanos, del enfoque de desarrollo partiendo de un piso mínimo de dignidad para poder hablar de calidad de vida; exige un presidente estadista, un Gobierno estadista.
La sociedad civil que pide que maten a Johnny y no se ha tomado el tiempo de evaluar su contexto para cerrar esas brechas que limitan el acceso a los servicios básicos, de obligar al Gobierno a publicar metas claras y luego divulgar indicadores desglosados por Departamento, Municipio, edad, sexo y grupo etario.
Esa es la sociedad civil a la que encantaría jalar el gatillo.
[1] Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, la pobreza aumentó de 51.2% de la población en el 2006 a un 59.3% en el 2014, en relación a una población estimada de 16, 000,000 de personas.
[2] Según las proyecciones del INE, seríamos 16, 176,133 de guatemaltecos para el año 2015.
[3] Datos de UNICEF
[4] http://www.casinapioiv.va/content/dam/accademia/pdf/sv125/sv125-albino.pdf
[5] INE. (2016). Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. [online] Available at: https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/08/22/tZP7bhDRtfJrB42QapodmHRulLk2ZeOh.pdf [Accessed 14 Sep. 2016].
