“Yo a mis hijas y a su generación, no les quiero entregar un país como el que recibimos”, afirma con firmeza Rottman Pérez, secretario de Política Criminal del Ministerio Público al momento de explicar qué es ser tener menos de 35 años y ser uno de los cinco encargados de la institución en haber elaborado el documento que, después de varios diálogos a nivel nacional, recoge las propuestas de reformas a la Constitución Política de la República que se discuten en el Congreso.
“Esto es una gran oportunidad para demostrar el compromiso que yo tengo con mi país”, al igual que Rottman, Ana Elisa Samayoa, asesora de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirma al ser la persona encargada de su institución en el tema de las reformas. Para ella, aportar al proceso de elaboración y discusión de la propuesta es una gran oportunidad y privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, al estar llevando la voz de muchos guatemaltecos que buscan y esperan que Guatemala sea un país donde la justicia deje de ser uno de los sistemas estatales más frágiles del país.
Tanto Ana Elisa como Rottman son jóvenes que como muchos más, están aportando desde “adentro” de la institucionalidad al cambio y refundación de un Estado injusto y desigual.
Tres instituciones han sido las encargadas de dirigir y trasladar las propuestas de reformas constitucionales al sector justicia a diferentes espacios de discusión: Ministerio Público (MP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)*, integrados en la denominada Secretaría Técnica. A principios de 2016, luego de evidenciarse la debilidad del sistema de justicia, se inicia un proceso para la propuesta de reformas a dicho sistema, tomando en cuenta el compromiso que el Estado de Guatemala había adoptado hacía casi dos décadas atrás, con la firma a los Acuerdos de Paz. Con una propuesta elaborada por los tres organismos del Estado, en abril de 2016 se inician los diálogos nacionales impulsados por la Secretaría Técnica. Alrededor de 6 meses duró la etapa de recoger las opiniones y posturas de muchos guatemaltecos, en su mayoría sociedad civil, respecto al documento base, para luego presentar una propuesta final al Congreso de la República.
Con este proceso se evidenció que para que todo cambie, primero debe cambiar el sistema de justicia, que hasta la fecha ha servido para favorecer intereses y favores políticos.
Volver a hablar de reformas no es necesario, ya prácticamente todo lo que se debía decir y hacer con el fin de informar, ya ha sido realizado. Sin embargo, también es importante hablar de los jóvenes que desde la institucionalidad, se encuentran promoviendo estos cambios. Conocerlos más allá de su trabajo profesional; conversar con ellos y comprender de dónde vienen y cómo llegaron a trabajar dentro de una institución pública.
Muchos dicen que la discusión de las reformas ya quedó detenida. Sin embargo, muchos más afirman lo contrario. Así como Ana Elisa y Rottman, existen colectivos conformados por jóvenes de sociedad civil que continúan considerando necesario la discusión de las reformas. Un ejemplo de esto es la Alianza por las Reformas, conformada por más de 35 colectivos y organizaciones de sociedad civil, que más allá de informar y difundir el contenido de las reformas, están asistiendo a las plenarias del Congreso y realizando diversas actividades para ejercer presión e incidir en su discusión y aprobación.
Actualmente, en el Congreso de la República la discusión de las reformas constitucionales al sector justicia no pasa de romperse el quórum o de ni siquiera, llegar al quórum necesario para discutirlas. El que los diputados aprueben o no algunas de las reformas sugeridas no es el fin del asunto; como explica Ana Elisa, de ser aprobadas, posteriormente estas reformas se llevarán a una consulta popular, es decir, a un proceso electoral extraordinario en donde todos los guatemaltecos deberán decidir si están de acuerdo o no con estos cambios que modificarían la Constitución Política de la República. Un proceso similar al de 1999, con las reformas que se propusieron con la firma de los Acuerdos de Paz, en donde los guatemaltecos dijeron en su mayoría, no.
Sin embargo, mientras este proceso sigue su curso, los jóvenes no están siendo indiferentes al mismo. Tanto dentro como fuera de la institucionalidad del Estado, los jóvenes se encuentran presentes.
**A pesar de haber contactado a las tres instituciones representantes de este proceso de reformas, la persona designada por CICIG canceló la entrevista un día antes de haber sido acordada.
