Cindy Martínez
Corresponsal
Recorrer la ciudad capital con esa sensación de inseguridad, pensando que en cualquier momento te pueden asaltar y que no se hará justicia, o que el asalto se puedo evitar, es la misma sensación que tienen hoy en día muchos de los habitantes del interior de la República. Sí, esas personas que viven en pueblos que dan la sensación de paz y tranquilidad; sensación que desde hace ya algún tiempo quedó atrás. La violencia se ha esparcido hasta el pueblo más remoto de nuestro país, de tal forma que ya no es confortable salir sin pensar que algo malo te pueda pasar.
El problema no habita únicamente en la ola de violencia que ataca a Guatemala (siendo realistas), sino que las personas encargadas de brindar seguridad y justicia a nuestro país son las menos capacitadas y no dan la sensación de confianza. Ellos juegan al gato y al ratón con los delincuentes, nada más que hoy en día no se sabe quién es quién. Hoy en día los guatemaltecos ya no tenemos respeto y confianza por los encargados de seguridad, y es una práctica común que en un asalto, secuestro o balacera, los últimos en aparecer sean los “los escuadrones justicieros” (PNC); vaya reputación que éstos pueden esperar tener con los ciudadanos. Como guatemalteca tengo la desdicha de ser una víctima más de la inseguridad y del mal empleo de la justicia en nuestro país, así como ser parte de un número más para las estadísticas de seguridad nacional. También soy parte del extenso grupo que, cuando digo extenso es extenso, me pierdo en la multitud de los que opina que los encargados de “cuidar y velar” por la seguridad en Guatemala son personas ineficientes, poco profesionales y corruptos.
¿Es la seguridad un problema muy superficial? La respuesta es no. Este problema viene desde la casa del policía pasando por la academia, hasta llegar al Ministerio de Gobernación. Los problemas van desde la desmotivación del policía que atraviesa por una deficiente carrera policial en una academia con instalaciones decadentes y carencias de planificación, hasta una dirección institucional empírica donde no existe planificación estratégica ni cultura de análisis. Todo ello propicia una disfunción del sistema respaldado por las deficientes y no actualizadas leyes de la PNC, teniendo como resultado una carencia de procedimientos policiales que conllevan a un aumento de la violencia que aisla a la población guatemalteca.
¿Existe solución? La respuesta probablemente es sí. Cuando se habla de solución no se refiere a cerrar el puño para luego aplicarlo sobre el delincuente, ya que ésta tampoco es la estrategia para evitar el surgimiento de delincuentes en Guatemala. Helen Mack, comisionada presidencial para la reforma policial, propuso como solución para fortalecer el sistema de quienes se encargan de aplicar la seguridad del país una reforma policial. La reforma policial consiste en rescatar el modelo de una policía única con un cuerpo armado de naturaleza civil, disciplinada, jerarquizada, transparente y sin discriminación de género y étnica. También busca rediseñar el sistema educativo policial, fortaleciendo para ello la prepraración en investigación criminal. La ley de reforma policial establece que reforzar únicamente la PNC como institución no es suficiente; también se debe motivar al oficial pues es él quien “arriesga” su vida, concediéndoles mejores instalaciones, equipo policial (chalecos, uniformes, botas, etc.), aumento salarial y acceso a una prevención policial (seguros, recreación, etc.).
No únicamente el delincuente debe cambiar, también los encargados de emplear la justicia lo deben hacer. Para lograr este cambio la reforma policial es lo más inmediato, pues a comparación de otras propuestas que quieren terminar con la violencia, ésta es la menos violenta y busca cambios estructurales. Guatemala es un país que pide a gritos una solución inmediata a la inseguridad. Es momento que los encargados de brindarnos esa seguridad empiecen a actuar de la manera ideal, y así poder restablecer los papeles sobre quién es el gato y quién es el ratón.
