Jeraldine del Cid/ Opinión/
“…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.” (ONU/CEDAW, 1979).
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en el marco de las Naciones Unidas, dio como resultado el compromiso de todas las naciones participantes de orientar sus acciones y su estructura organizativa en pro de la equidad entre hombres y mujeres, así como la superación de cualquier tipo de discriminación de género. Para el caso de Guatemala, en 1982 se logró la ratificación de dicha Convención.
Como se puede observar al inicio de este texto, el preámbulo de la CEDAW expone que la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres debe darse en “todos los campos”. Al respecto, cabe enfocarse en cómo están dadas las condiciones en el campo de la participación política, no sin reconocer que la equidad es multifactorial y que se alcanza como resultado de mismas oportunidades para hombres y mujeres en múltiples accesos: salud, educación, empleo, tierra, vivienda, etc. En síntesis, las mismas oportunidades en todos los elementos esenciales para tener una vida digna.
El campo de la participación política es relevante puesto que las decisiones de las autoridades gubernamentales inciden directamente en la condición de vida de los miembros de la sociedad. En ese sentido es pertinente evaluar en qué situación se encuentra la participación política de las mujeres en Guatemala y analizar las posibles causas de esta.
La inclusión de las mujeres a la vida política guatemalteca se dio hasta la reforma de la Constitución de 1945, en la cual se concedió la calidad de ciudadana a las mujeres alfabetas. Previo a ello, estaba excluida de la vida ciudadana y por ende de todo tipo de participación política.
Es decir que las mujeres en Guatemala no han cumplido ni setenta años de que les es reconocido por el Estado su derecho a ser ciudadanas.
Desde aquel entonces hasta nuestros días, se ha ido elevando progresivamente la participación femenina en la vida ciudadana, principalmente en las actividades electorales. Sin embargo, no se ha visto el mismo comportamiento de participación en los puestos de decisión principales. Como se puede observar en la gráfica que se muestra a continuación, los niveles de empadronamiento y participación en las votaciones son bastante altos, pero no ocurre lo mismo en los puestos de elección popular o asignados en el gobierno.
En porcentajes, se muestra cómo las mujeres empadronadas respecto del total de personas empadronadas ha ido en aumento, alcanzando el 50.9% en las últimas elecciones. La misma tendencia de aumento, y en mayor medida entre las elecciones del 2007 hacia las del 2011, se observa en la participación de votantes. Fue incluso mayor la cantidad de mujeres votantes respecto del total de personas empadronadas que acudieron a votar.
En el caso de asignación de mujeres en el gabinete ministerial, si se toman en cuenta los mismos años que se efectuaron las elecciones, se encuentra que el porcentaje de mujeres es bastante menor, llegando incluso en 2011 a las situación en que el puesto de ministro fue ocupado por un hombre en totalidad de Ministerios del Estado.
En el Congreso de la República, que son puestos de elección popular, ocurre la misma tendencia: no se ha alcanzado siquiera el 15% de participación de mujeres. La participación en las alcaldías y corporaciones municipales es todavía más baja. Las alcaldesas son apenas el 2.1% del total de alcaldías para el 2011 y en corporaciones municipales la cantidad de mujeres alcanzó el 8.55%.
Esta situación permite notar que aunque las mujeres guatemaltecas han adquirido sentido de participación ciudadana en relación a los eventos electorales (se empadronan y acuden a votar), cuando esto se contrasta con los espacios de participación de toma de decisión, se evidencia una gran desproporción y resaltan brechas significativas que deberán ser atendidas por aquellos sectores involucrados en la búsqueda de la equidad.
Superar esta desproporción requiere de acciones de doble vía.
Por un lado un mayor interés de las mujeres para participar en política y por otro, la apertura en los espacios en los que dicha participación se puede hacer efectiva. En este punto es necesario mencionar que el texto se limita a la “participación política” dentro del sistema electoral y de partidos políticos. Se reconoce que la participación incluye espacios más amplios, como movimientos sociales, agrupaciones, etcétera, en los cuales también se observa un involucramiento progresivo de las mujeres.
Retomando entonces el argumento de las acciones de doble vía, se sitúa como espacio de participación y de acceso a puestos de toma de decisiones a los partidos políticos y comités cívicos electorales principalmente. En este sentido uno de los principales factores que frenan la participación de las mujeres es el tema del financiamiento que se requiere para poder participar en política. Un tema que sin duda se ha agravado en los últimos años, en los que se observan campañas electorales cada vez más costosas y una relación inexorable entre inversión en campaña y éxito en urnas. Dicho factor se hace relevante en las limitaciones de participación, puesto que la cantidad de mujeres con fuerte poder adquisitivo es todavía mucho menor que la cantidad de hombres.
En un sentido distinto, pero como otro factor posible que obstaculiza la participación política de las mujeres, “es el rol que se asigna a la mujer por lo general, dedicada al ámbito privado, como encargada del cuidado del hogar y de los hijos, razón por la cual no debe participar en la esfera pública” (Monzón, 2006 en INE, 2013). Esta limitante continúa siendo importante, debido a que, aunque las mujeres han ido ganando cada vez más espacios en la sociedad que anteriormente eran ocupados únicamente por los hombres, aún persiste en el imaginario de nuestra sociedad que a las mujeres les corresponde un rol más doméstico y por ende no debe figurar en política.
Estas limitaciones planteadas son apenas escasos ejemplos de los múltiples factores que están involucrados. Podrían superarse con voluntad de quienes en estos momentos se dedican a las decisiones públicas del país, para lo cual la presión e involucramiento de la sociedad es imprescindible. El caso del acceso por financiamiento es un tema relacionado con el sistema electoral que debería modificarse, y que, con acciones puntuales se podría lograr. Mientras que el tema del imaginario es un problema arraigado profundamente en la cultura, que se puede superar a fuerza de educación que promueva la equidad, así como de actitudes innovadoras de aquellas personas, hombres y mujeres, que están conscientes de esta realidad y que anhelen un país que haya superado las desigualdades e inequidades existentes. Se espera que este escrito abone a la reflexión necesaria para aumentar voluntades y compromisos hacia la equidad de género en la participación política.
Referencia:
INE y SEPREM (2013), Guatemala: Indicadores de género. Guatemala: Serviprensa.
