Ana Eugenia Paredes / Colaboración /

La resistencia pacífica en el lugar conocido como La Puya (Municipio de San Pedro Ayampuc, Departamento de Guatemala), está conformada por personas que viven en las inmediaciones al Proyecto Minero “Progreso VII Derivada”.[1]  Asentados en el camino que conduce a la mina, han decidido bloquear el ingreso de la maquinaria que iniciaría la extracción de oro y plata.

Lo hacen con un objetivo concreto: salvaguardar los medios de sobrevivencia que tiene su comunidad, pues entienden que la incursión de la empresa minera dañaría las fuentes de agua y la tierra que usan en su diario vivir.

Quienes participan en la resistencia pacífica, están siendo violentados por supuestos trabajadores de la minera, mismos que, como todos aquellos que se benefician de los proyectos extractivos, afirman llevar progreso a la región y al país.

Progreso y desarrollo que, como los distintos modelos económicos implementados en el país, se han instaurado sin importar que haya oposición.

Desde el miércoles 14 de noviembre de este año, un grupo de 50 a 70 personas que dicen ser trabajadoras de la mina, han llegado a la resistencia a insultar, difamar y confrontar a quienes buscan evitar la instauración del proyecto minero. En esos días, la violencia verbal, la instigación y provocación, fue una constante, agravándose la situación el 22 de noviembre cuando los supuestos trabajadores trasgredieron la “zona cero” (espacio físico delimitado por la PDH para evitar confrontación) y agredieron a las mujeres que forman parte de la resistencia, a periodistas que cubrían los hechos e inclusive, a una trabajadora de la Procuraduría. Además de insultar y denigrar a los comunitarios, hubieron amenazas directas de muerte hechas por Pablo Orozco, quién guía al grupo que busca la confrontación, secundado por Juan José Reyes y el ex Coronel Mario Figueroa.

Dichos actos que amenazan la vida de guatemaltecos, podrían ser ignorados por las autoridades, ya que el presente gobierno ha decidido apoyar la industria extractiva permitiendo que se instalen proyectos en todo el territorio nacional usando todas las herramientas y formas posibles.

En La Puya, las acciones de confrontación parecieran tener como objetivo provocar una reacción violenta de la población para justificar así un desalojo en el que participen las fuerzas armadas del país.

En La Puya, las acciones de confrontación parecieran tener como objetivo, provocar una reacción violenta de la población para justificar así un desalojo en el que participen las fuerzas armadas del país, mismo que no han logrado realizar durante 8 meses, pues, aunque la resistencia bloquea el paso a la empresa minera, no impide en ningún momento la libre circulación de otros pobladores, lo que impide a los gobernantes legitimar socialmente una intervención.

Instancias como la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH), insisten en conformar una mesa de diálogo pretendiendo con ella que la resistencia se siente a “dialogar”, aunque haya graves antecedentes de violencia en contra las comunidades. Además de las intimidaciones relatadas, se debe resaltar el atentado perpetrado contra la vida de la lideresa Yolanda Oquelí, el 13 de junio del presente año, sin que a la fecha se haya descartado que tenga relación con su participación en la resistencia, ni aislado de los posibles sospechosos a personeros o allegados a la empresa.

Una característica identificable en las acciones de la empresa minera, ha sido el tráfico de influencias.

Dos hechos evidencian esta situación: Uno, la participación de ex funcionarios públicos en el proyecto entre ellos Selvin Morales, quien fue Viceministro de Energía y Minas durante el Gobierno de Álvaro Colom, en el cuál fue otorgada la licencia de explotación. Morales trabaja ahora en la mina, y estuvo entre el grupo de instigadores que han llegado a la resistencia pacífica durante las últimas semanas.

Otro hecho importante, fue la presencia de antimotines el 8 de mayo del presente año movilizados -a la una de la mañana- para acompañar la entrada de la maquinaria a la mina. Lo anterior evidencia cómo las instancias estatales favorecen el proyecto, pero ignoran a las comunidades cuando solicitan su presencia, pues el día 22 de noviembre cuando los supuestos trabajadores de la mina violentaron a la resistencia y a los medios de comunicación, aunque se llamó de forma constante a la Policía Nacional Civil, ninguna fuerza armada se presentó al lugar dejando a su suerte a quienes participaban ese día en la resistencia.

Progreso VII Derivada, hace parte de un conglomerado de licencias mineras (16 aproximadamente), otorgadas en los municipios de San Pedro Ayampuc, San José del Golfo, San Antonio la Paz, Sanarate, Guastatoya y Jalapa. Este enjambre minero se entiende mejor si nos situamos en el segundo lustro de los años noventa (momento en que el PAN gobernaba el país), cuando se privatizó empresas estatales importantes y se reformaron leyes para promover la explotación de recursos naturales atrayendo muchos inversionistas al país, sin prever mecanismos de consulta ni beneficio alguno a la población afectada por los futuros proyectos.

La Puya, ha sido una de tantas resistencias al nuevo modelo de desarrollo que se busca instaurar sin tomar en cuenta las consecuencias que dichos proyectos traerán a las poblaciones asentadas en las cercanías a donde se encuentran los minerales, los bosques y las fuentes hídricas.

Generar desarrollo jamás puede superponerse a la vida de personas y comunidades.

El desarrollo no es tal, si viene de la mano de violencia y represión. El desarrollo no se mide por la cantidad de dinero que entra a un país, sino por la vigencia y cumplimiento de los Derechos Humanos fundamentales y la garantía de que nada es más importante, ni “vale más” que la vida.