María Alejandra Morales/ Opinión/
Actualmente se están llevando a cabo dos procesos de elección de suma importancia para el país, me refiero a la elección de Magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Ambos definirán en gran medida el futuro de nuestro sistema de justicia. La designación de tan altos cargos no debe pasar desapercibida, pues sin lugar a dudas la elección de los futuros magistrados, como la mayoría de procesos en el país, se presta al juego de la manipulación política y presiones por parte de distintas agrupaciones.
Al evaluar los procesos de comisiones de postulación en el país, surgen algunos datos reveladores que me han hecho recordar el concepto de Corporativismo. Un Estado Corporativo es aquel que asigna privilegios y concesiones, distribuyendo los diferentes intereses de los grupos de presión en el aparato estatal. De esta forma, organiza a los grupos de interés establecidos en la sociedad bajo su figura; es decir, busca centralizar el poder abriendo espacios a dichas agrupaciones para que participen de las decisiones políticas. El corporativismo es un fenómeno paniberoamericano que, a través de una Constitución, le asigna funciones político públicas a entidades privadas. Este fenómeno puede apreciarse a través de las Comisiones de Postulación, en donde intervienen, de manera directa, miembros de diferentes entidades como los colegios de profesionales y las universidades.
A pesar que la utilización de recursos de elección como las Comisiones, aparenten ser mecanismos que se encuentran al servicio de la democracia, debe reconocerse que estos no persiguen necesariamente el impulso democrático. Este es uno de los hechos que se debe desmitificar al referirse a las postuladoras, pues la práctica ha demostrado cómo estos métodos “democráticos” más bien acaban por ser una estrategia del Estado que lo único que pretende es, en última instancia, centralizar el poder, amparando a los distintos grupos bajo su figura. Eso es el corporativismo, una herramienta estatal que contribuye a la centralización, que abre espacios a actores ajenos al sistema para poder controlarlos desde su eje. Este es entonces el fenómeno que podemos observar en el sistema político guatemalteco, particularmente en procesos como las Comisiones de Postulación, en que la elección responde más bien al interés de los distintos grupos de presión que tienen incidencia real dentro del estado de corte patrimonialista que posee Guatemala.
