Es innegable el hecho que en Guatemala la opacidad, el clientelismo y por supuesto la corrupción, reinan en la administración pública e instituciones del Estado. Vivimos en un sistema que brinda los incentivos a nuestros gobernantes, para que se corrompan y actúen no con base al interés nacional o de las grandes mayorías, sino en favor de su interés individual o de ciertos sectores de su conveniencia. Es por ello que día con día nos topamos con noticias que evidencian que las dinámicas políticas de nuestro país, en lugar de fortalecer la igualdad ante la ley, el Estado de derecho, la transparencia y el buen uso de los recursos, sirven solamente para deteriorar aún más nuestras instituciones y el poco atisbo de esperanza frente al tema político
Las nuevas reformas a la ley de compras y contrataciones del Estado no es la excepción.
Tales modificaciones, las cuales fueron decretadas el pasado miércoles por el pleno del Congreso de la Republica, elevaron de Q90 mil a Q200 mil las compras directas que puede realizar cualquier institución pública, asimismo se modificó el artículo 50 de la ley, el cual decía que se podía omitir un contrato siempre y cuando no excediera de los Q100 mil la adquisición, ahora con este cambio el techo es de Q200 mil.
Pero, ¿Cuál es la principal excusa de esta reforma? Según diputados y alcaldes esto servirá a las municipalidades, ya que les proporcionará mayor capacidad en torno a la adquisición de bienes, lo que repercutirá en una mayor agilidad y eficiencia en torno a los servicios que ofrecen en cada municipio. Dicho en un ejemplo sencillo, si se cae un puente en un municipio del occidente del país, el alcalde del mismo tendrá una mayor libertad para adquirir bienes y suministros para repararlo, lo que conlleva a largo plazo, según estos argumentos, un mayor bienestar para la población.
Sin embargo, algo que debemos entender es que:
Cualquier medida gubernamental, ley o decreto, no puede ser valorada por sus intenciones o por lo que “idealmente” pretenden lograr, sino más bien por sus consecuencias en la realidad y a la luz de los hechos.
¿Qué quiero decir con esto? Que tal reforma, si bien en teoría pretende fomentar el desarrollo, al otorgarle mayor capacidad de adquisición a las alcaldías, en la práctica dicha ley seguramente causará una mayor opacidad y abuso de los recursos del Estado, al eliminar ciertos controles que, aunque no fueran perfectos, eran un candado ante la corruptela de nuestra élite política. Todo ello dará como resultado que los que quieran vivir a costa del gobierno y de los impuestos de la población tengan vía libre, más aún de la que tenían actualmente.
Ahora bien, si lo vemos desde un punto de vista meramente político, ¿no es acaso coincidencia que dicha reforma ocurre cuando la legitimidad del presidente Alejandro Giammattei está por los suelos? Hay que decir que el presidente siempre respaldó dicha ley y el oficialismo fue el principal promotor de la misma, lo que nos deja con la interrogante, ¿Es esta una acción del mandatario por buscar respaldo de las alcaldías, en un momento donde todos los focos están puestos en el ejecutivo con el tema de las vacunas? De igual manera, en la otra esquina tenemos a los alcaldes que, lejos de ser tontos o perezosos y con miras a las próximas elecciones de 2023, usarán estas reformas a su favor, permitiéndoles realizar obras y emprender acciones en su municipio, con un fin estrictamente electoral y de popularidad, sin ninguna garantía que las mismas serán de calidad y que realmente solventarán los problemas del municipio.
Más compras, pero menos transparencia, mayor libertad de acción para nuestros funcionarios y empresas proveedoras del Estado, pero poco avance en torno al control y el fortalecimiento de instituciones vitales como la Contraloría General de Cuentas, ¿hasta cuándo seguiremos en este círculo vicioso en el que nos tienen acostumbrados?
