Luis Aguilar/
El 1er Festival de Gobierno Abierto se llevó a cabo los días 7 y 8 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar. En dicho festival desfilaron una enorme cantidad de expertos en la materia, tanto nacionales como internacionales, organizados en distintas mesas y ponencias según su “expertisse” en los subtemas que ahondaban el Gobierno Abierto.
Una de esas tantas ponencias llevaba el nombre de ¿qué nos toca hacer para tener un Estado Abierto? y buscaba dar respuesta a tal interrogante. Más allá de lo que los expertos opinaron y resolvieron –de por más acertado e interesante-, me he quedado con la espina de lo que un gobierno (y posteriormente un Estado) abierto implicaría en un contexto como el nuestro.
El Gobierno Abierto es un nuevo modelo de gestión pública, sustentado en los pilares de participación ciudadana, transparencia, acceso y tecnología de la información y la constante colaboración entre actores, tanto públicos como privados.
Sin embargo, estas acciones tienden a plasmarse en planes y políticas, que de por sí mismas no generan cambios sustanciales en la administración pública. El problema es entonces, de carácter nodal y conceptual, puesto que el Gobierno Abierto no es solamente una variable más a tener en cuenta en la construcción y generación de políticas de Estado, sino que es, como se ha mencionado anteriormente, un modelo innovador de gestión pública.
Estos principios de Gobierno Abierto deben de ir más allá, trascender a las instituciones públicas e involucrar diversos actores de distintas índoles; resultando de ahí un Estado Abierto.
Por lo tanto, un Estado Abierto implica un esfuerzo mayor al que, en buena medida, el Ejecutivo y algunas municipalidades se encuentran desarrollando actualmente. Los principios de apertura de dicho modelo de gestión, deberían de integrarse a actores del sector privado, a organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación, oenegés e inclusive las distintas casas de estudio y “think tanks”. Además, estos pilares de rendición de cuentas y “accountability” deben de extenderse a los dos poderes restantes del Estado; de ahí que surgen iniciativas como Justicia Abierta y Parlamento Abierto. Sí y solo sí, sería posible dar el paso necesario para la transición hacia un Estado Abierto y la posible consolidación de la lucha por reconfigurar los distintos espacios de poder que este modelo persigue.
El Gobierno Abierto (y el Estado Abierto) no es una abstracción o un invento de algunos consultores desocupados, por el contrario, se trata de un trabajo conjunto en aras de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los involucrados en el mismo.
Lo normativo ya existe, Guatemala es adherente de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y se está implementando un Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto entre el Ejecutivo y algunas municipalidades.
Esto quiere decir que hay de dónde agarrarnos y exigir (de manera justificada) la transición hacia un modelo de Estado Abierto.
Bajo ésta lógica, nos encontramos ante las puertas de una oportunidad real de reconstruir las dinámicas de las instituciones públicas, la confianza ciudadana ante las mismas y la corresponsabilidad de insumos y responsabilidades entre las instituciones y la ciudadanía.
