Javiera Arce*
Durante el 2011, en la sociedad chilena surgió un movimiento especial de las capas medias, las cuales se reunieron de manera insistente y generaron varios temas que impactaron a la opinión pública. Las causas de las demandas del posmaterialismo (1) produjeron la movilización en contra del megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén, que pretende construir cinco grandes represas en la Patagonia de Chile y podría inundar el invaluable paisaje natural; y cuyo proceso de aprobación es profundamente debatido por irregularidades administrativas, puesto que se ha acusado a los evaluadores de impacto ambiental de estar al servicio del capital extranjero, porque muchos de estos informes fueron adulterados (2).
Por otro lado, se observan más de tres meses de movilización estudiantil que han cuestionado el modelo educacional excluyente y desigual, el cual generó sobreendeudamiento de muchos alumnos que no pudieron concluir sus carreras universitarias, a causa de los precios altos de los aranceles y las escasas becas de estudios otorgadas por el Estado de Chile. Asimismo, este problema obligó hace 6 años a crear un sistema crediticio, un tanto más blando que los créditos de consumo, el Crédito con Aval del Estado (CAE), que promovió una ampliación en la cobertura del sistema de educación superior y permitió el ingreso de más de un millón de jóvenes, pero que ha originado niveles de endeudamiento exorbitantes, y poca capacidad de estos estudiantes de poner fin a sus estudios.
La medición de la efectividad de esta política pública ha sido cuestionada en el Informe del Banco Mundial de 2011 (3). Aunque el CAE ha tenido un efecto de distribución importante, se observa que tiene intereses elevados, y no cubre efectivamente el total del arancel real de la carrera si no el de referencia. Esto produce una amplia diferencia entre ambos aranceles, que debe ser cubierta por las familias a través de otras formas de pago, ya sea directo o por medio de créditos de consumo, lo que genera la deserción de los estudiantes y un difícil futuro para los beneficiados, debido a los altos costos que deberán pagar en el futuro.
El país más estable de América Latina es cuestionado por sus propios ciudadanos, quienes más allá del conflicto estudiantil, han demostrado que esta movilización ha abarcado con fuerza la dimensión institucional en Chile, en que se puso en duda la efectividad de la democracia representativa, y su desempeño en la toma de decisiones al interior del sistema político, marcado por élites inconsistentes, que a los ojos de la sociedad civil, defienden intereses propios y no colectivos, ya que abandonan los anhelos de sus votantes, y no representan la diversidad de la sociedad chilena, obligada a una representación prácticamente bipartidista, en que dos coaliciones se distribuyen el poder, mediante procedimientos electorales heredados de la dictadura como el sistema electoral binominal, que dio forma al restringido sistema de partidos chilenos, y que día a día representa menos, con cuatro millones de personas que no se inscriben en los registros electorales para escoger a sus representantes, y quitar legitimidad a todas las instituciones del sistema, especialmente al Congreso.
En relación a la evolución política de América Latina, las demandas sociales se enmarcan en un proceso de bonanza económica para la región y abogan por una ampliación en las políticas públicas. Este proceso se debe al aumento del precio de los commodities, en que los estados han percibido mayores ingresos por concepto de impuestos, y por tanto poseen mayor espacio para aumentar la cobertura en ciertas áreas estratégicas para la vida de las personas.
Lamentablemente, la aplicación de las políticas emanadas del Consenso de Washington –a diferencia de la gran panacea que se creyó en la última década de 1990–, ha incrementado los niveles de desigualdad social en los países que en se ha aplicado, posibilitando una serie de crisis políticas, y cambios de élites que han logrado conquistar el poder, entre los que podemos nombrar Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, países que sufrieron fuertes embates económicos en la década recién pasada, derivando en profundas crisis políticas que generaron el surgimiento de liderazgos políticos personalistas, que llegaron a refundar la república. Los casos más extremos son Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador.
En este escenario, Chile siempre fue observado como un ejemplo de estabilidad política y crecimiento económico, sin embargo, aunque la élite política chilena no lo asuma, está inserto en América Latina y sobretodo América del Sur, y por tanto está sujeto a las condicionantes del medio. Su diseño institucional –aunque con reformas–, sigue teniendo escasa legitimidad social, y pese a los enormes esfuerzos que se realizaron por desmovilizar a la sociedad civil durante los 20 años de democracia, esta parece haberse activado con la llegada de la derecha al poder, dejando al descubierto las falencias políticas que fueron cubiertas por los triunfos económicos, demostrando que Chile sí es un país latinoamericano más, y no está libre de los problemas de sus vecinos, “la casa linda en el barrio feo” tiene los mismos problemas que su vecindario y debe trabajar en conjunto por buscar soluciones para ampliar los derechos sociales de sus habitantes.
Es de esperar que más allá de este conflicto específico, que se encuentra en proceso, la clase política y las otras élites chilenas, sean capaces de generar un gran debate sobre la institucionalidad actual, y se abra a conversar sobre la reformulación de la carta fundamental –la Constitución de 1980 (4)–, para hacerse cargo de aquellos y aquellas que no se sienten representadas por el sistema, se amplíe la democracia, más allá de los procedimientos electorales, generando espacios de reflexión y construcción colectiva, repensar en una nueva institucionalidad para Chile, más abierta, inclusiva y ciudadana.
(1) Ver Ronald Inglehart. Post- Materialism in an Environment of Insecurity.
(3) Informe sector América Latina y el Caribe 8 de marzo de 2011. Programa Crédito con Aval del Estado (CAE de Chile).
(4) Aprobada bajo el régimen militar del General Augusto Pinochet y reformada el año 2005 bajo el mandato del Presidente Ricardo Lagos Escobar, quitando parte de los clivajes autoritarios como los senadores designados y las relaciones de poder entre las Fuerzas Armadas y el Poder Civil, en que los primeros deben supeditarse a los segundos. Aún así todavía existen clivajes que no han permitido el libre desenvolvimiento de la política chilena, como el mismo sistema electoral.
* Administradora Pública. Licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales mención Ciencia Política Universidad de Chile. Analista de la Dirección de Vínculos y Cooperación Internacional de la Universidad de Valparaíso y profesora de la misma universidad. Ha estado vinculada a una serie de fundaciones de carácter político tales como Fundación Friedrich Ebert, Fundación Chile 21 e Instituto Igualdad. Áreas de Interés: Política Latinoamericana, Integración Regional, Protección Social y Género. Colaboradora permanente del Blog www.sentidoscomunes.cl
