El derecho a la salud es inherente al ser humano, es decir que cada persona lo tiene solo por el hecho de haber nacido. El derecho a la salud también está relacionado e interconectado con múltiples derechos como el derecho a la vida y el derecho a la educación. Además, está escrito en la Constitución Política de Guatemala, razón por la cual, es responsabilidad del estado otorgarlo. Pero, ¿qué pasa cuando una persona decide atentar en contra de su propio derecho a la salud?, ¿qué deberían hacer los profesionales de la salud?

El término en inglés “anti-vaxxer” se refiere a una persona o un grupo de personas que se oponen a la práctica de inyectar o vacunar, ya sea a ellos mismos o a sus familias. Este término fue utilizado por primera vez en 1998 después del lanzamiento de un artículo de investigación que afirmaba que había una conexión entre la vacuna del sarampión-paperas-rubéola y el autismo. Desde entonces este artículo ha sido desacreditado y probado falso, sin embargo, todavía existen algunas personas que siguen pensando que la conexión entre las vacunas y el autismo u otras enfermedades es posible. A partir de esta situación, un dilema sale a la luz, sobre todo para los profesionales de la salud.

La pregunta es: si cuando un paciente se rehúsa a ser vacunado, el profesional médico debería intervenir y forzar u obligar al paciente a inyectarse, solo por el hecho de que se ha demostrado que las vacunas son efectivas, o, por el contrario, el profesional médico debería de respetar la decisión del paciente de no vacunarse, aunque dañe su salud. Esta pregunta entra en el tema de derecho a la salud ya que dentro de este derecho se encuentra la posibilidad de tomar decisiones propias libremente. Entonces, si la libertad de toma de decisiones se encuentra dentro del derecho a la salud, es la obligación de los profesionales médicos respetarla, aunque ellos consideren que no es la mejor decisión.

Es importante saber que los profesionales médicos no pueden obligar a nadie a vacunarse o a cometer algún acto en contra de su voluntad, lo mejor que pueden hacer es informar a los pacientes para que puedan tomar las decisiones correctas que los beneficien a ellos y a los demás.

Cuando una persona conoce sus derechos y libertades, puede tomar decisiones que favorezcan y prolonguen su calidad de vida.