El Estado interviene en todas las áreas de la vida social, siendo la economía una de las más importantes. Muchos académicos se preguntan hasta dónde debe llegar esa intervención estatal en las actividades económicas de un país. Sin lugar a dudas, la mayor intervención del cuerpo estatal es la de los impuestos, ya que, en su forma más simple, cobra una parte del consumo y la renta de empresas e individuos. La justificación de crear un sistema impositivo es  que el Estado pueda tener ingresos para poder sufragar sus gastos. Teóricamente, con los impuestos el Estado puede cumplir sus fines.

Según el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el fin supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común. No obstante, la historia y la realidad actual dicen todo lo contrario.  La pregunta es: ¿por qué el Estado no puede cumplir su “fin supremo”? A priori, la respuesta es la corrupción, pero, ¿Cuál es una de las posibles causas de la misma?

Muchos atribuyen a que el problema es la falta de regulaciones y mecanismos establecidos en ley para frenar las prácticas corruptas. Es decir, se quiere castigar la corrupción pero no se busca entender cuáles son los hechos que originan la misma. Cabe aclarar que todos los casos de corrupción que se han visto en Guatemala se deben a que personas inmorales persiguen un beneficio económico. En otras palabras, determinados sujetos que llegan a formar parte del poder político tienen una inclinación perversa a llenar sus bolsillos con dinero público. Analizar cada caso en este espacio resulta imposible, pero basta con saber que el incentivo es adquirir dinero en grandes cantidades.

El verdadero problema se encuentra en el gigantesco  sistema estatal que se ha construido bajo la justificación de la construcción del bien común.

El sistema político está lleno de instituciones y actores que realmente no sirven para nada. Parece que importan más los formalismos que el bienestar de las personas. Bajo esta utopía de un Estado que todo lo puede se utiliza el dinero de la gente para mantener instituciones cuyos “logros” no son percibidos por nadie en la sociedad. Un sinfín de viceministerios, secretarías y oficinas que son utilizados por los corruptos para ver de qué forma la convierten en su cajero automático.

Me parece innecesario que, contando con un ministerio de Educación, Salud, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Economía y Agricultura, se tenga que mantener un ministerio de Desarrollo Social que lo menos que hace que es llevar a cabo proyectos de desarrollo social. Si así fuera, más de la mitad de la población guatemalteca no estaría en la condición de pobreza. Y además, podríamos hablar del nivel y el alcance de la educación pública, del sistema de salud, de la infraestructura vial, de la efectividad del sistema de justicia, la tasa de homicidios y el crimen organizado. La pregunta es: ¿para qué sirven todas esas instituciones que no logran su objetivo?

Mi solución no es caer en el extremismo de abolir el Estado como profesan algunos. Lo que creo es que se debe estructurar de manera eficiente todo el aparato estatal.

Por ejemplo, si el Mineduc y el MSPAS realmente funcionaran (educación y salud de calidad para la población en todo el territorio del país), si el Mineco realmente cumpliera su misión de incrementar la productividad del país mediante el fomento de la inversión y el comercio exterior y el Micivi hiciera su trabajo, los guatemaltecos no tendrían que sostener instituciones como la Sesan y el MAGA.   La inversión y el fomento del comercio exterior crearía demanda de fuerza de trabajo calificada gracias a un alto nivel educativo que ha sido acompañado de un sistema de salud que ha estado presente en el desarrollo de la persona. En otras palabras, el desarrollo de los guatemaltecos sería integral desde la infancia y a lo largo de toda su vida. 

La solución consiste ser óptimos y eficientes; en lograr al máximo el cumplimento de los objetivos de las instituciones fundamentales (como el Mineduc, el MSPAS y el Micivi) para que no caer en la trampa de crear otro grupo complejo de instituciones que no benefician en nada a los guatemaltecos. Por supuesto que hay instituciones importantes como el ministerio de Ambiente, pero su tamaño y estructura debe ser lo más simple posible.

La falta de pragmatismo nos ha llevado a crear estructuras complejas, que irónicamente, han sido de fácil manejo por parte de los corruptos. Al final de cuentas, se pagan impuestos para sostener  un Estado que lo menos que hace es construir el bien común. En vez de reducir la pobreza, se multiplica y seguimos perdidos en el péndulo.