No todo en esta vida tiene que ver con izquierdas ni derechas. Hay problemas y fenómenos que van mas allá. Puede ser que en este país todavía se realicen “análisis” u opiniones políticas pensando que estamos en media guerra fría, pero eso no significa de que con esa mentalidad se pueda analizar cualquier decisión política.
A partir del día (trágico) en el que Donald Trump ganó las elecciones estadounidenses, empezó a divulgarse una idea, por parte de algunos grupos de derecha, de que el apoyo a la CICIG por parte de Estados Unidos sería retirado. Para sorpresa de ellos, la administración de Trump y el Partido Republicano siguieron apoyando el trabajo de la comisión en el país.
Es por ello que no puedo pensar de que la CICIG y Estados Unidos obedecen a una agenda “socialista internacional”.
Tampoco puedo quedarme con la noción de que el apoyo a la lucha contra la corrupción tenga sus orígenes en la “buena voluntad” o en el “corazón” de los organismos y países que la apoyan. Tenemos un problema bastante grave en este país, que va mas allá de la corrupción. Un problema con los partidos políticos con respecto a la forma como se financian y la moneda con la que lo realizan.
Es sobre este último punto en el cual se puede explicar el interés de Estados Unidos por apoyar a la CICIG; basta citar el lavado de dólares en los partidos políticos, y la relaciones de estos con el narcotráfico. Observemos al menos dos casos importantes para esta explicación.
El primero, el caso de Jaime Martínez Lohayza (ex diputado, partido LIDER), Manuel de Jesús Barquín Durán (ex diputado, partido LIDER), Edgar Baltazar Barquín Durán (ex candidato a vicepresidente, partido LIDER), y su relación con Francisco Edgar Morales Guerra “El Chico Dólar”. Este caso se basa en la conformación de una red de lavado de dólares a través de empresas ficticias. Esta red se encontraba protegida por el apoyo de Edgar Barquín cuando era presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, así como el apoyo de los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza. Una buena parte de los $122.7 millones que lavaron, según las estimaciones, era a su vez destinado a campañas políticas.
Ahora pasemos a un caso que va mas allá del lavado de dinero: la solicitud de extradición de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y al ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La razón de esta solicitud es la relación que tenían ambos con Los Zetas, al brindarles protección para el tráfico de cocaína de Guatemala hacia México. A cambio se recibían pagos que alcanzaban los US$250 mil para ser utilizados en campaña, así como protección de Los Zetas en diferentes mítines.
Además de estos dos ejemplos, se tienen antecedente de integrantes de grupos criminales que participan directamente en cargos de elección. Como es el caso de Manuel Castillo (ex diputado y ex alcalde, sentenciado por el asesinato de diputados salvadoreños) y Eswin Jerson Javier Javier “Tres Quiebres” (relacionado con los Zetas, los Lorenzana, Jairo Orellana).
Estos son algunos casos que presentan un panorama en donde el financiamiento de partidos políticos y las relaciones con grupos del narcotráfico, son un común denominador.
Los partidos políticos relacionados con estos casos, PP y LIDER, son partidos que se estima que gastaron entre Q140.4 a Q215 millones de quetzales en las elecciones del 2011.
Entonces, si uno de los principales puntos en la política exterior estadounidense hacia Latinoamérica es el combate al narcotráfico, sumado a las cantidades monstruosas de dólares que se manejan de forma ilícita en las campañas políticas, era claro que Guatemala llamaría muchísimo la atención de Estados Unidos. Es por esta razón que puede cambiar la forma, pero el enfoque que se tiene por parte de Estados Unidos hacia el problema del narcotráfico en la política, no será un tema que cambiará radicalmente de demócratas a republicanos.
Anteriormente he escrito sobre la problemática de la relación entre los partidos políticos y el crimen organizado, que va mas allá de ser un problema de corrupción. Creo que este es un punto muy importante, que nos afecta sin importar la ideología que se tenga. El financiamiento sigue siendo un tema pendiente para revisar, y a pesar de las acciones que se llevan a cabo desde la CICIG y el MP, el fortalecimiento y la independencia del Tribunal Supremo Electoral para abordar la problemática, sigue siendo un tema pendiente y sin resolverse de forma clara.
