Alberto Pradilla y Andrea Godínez
Foto: Simone Dalmasso
Una madre entra en la comisaría de Ciudad Arce, en El Salvador. Está nerviosa. Dice que han arrestado a su hijo, que le han pegado. Los policías tratan de restarle importancia. Reconocen haber detenido al joven. Le acusan de ser poste, vigilante para la Mara Salvatrucha (MS-13), presente en el municipio. Finalmente, se lo muestran; tiene los ojos rojos, la voz temblorosa, pero niega haber sido agredido.
“Sí le pegaron, fue en el momento de la detención”, se excusa un agente.
Jóvenes como Douglas, Edwin, Marta o Josué, estudiantes de bachillerato en el Instituto Público, denuncian el maltrato policial. Afirman que, diariamente, los policías los detienen, los golpean, los amenazan y les decomisan los celulares. La ropa que visten o la música que escuchan son razones para convertirse en sospechosos.
Esta versión es corroborada por Walter Orantes, miembro de la asociación Cristosal, una asociación de derechos humanos que trabaja en el Triángulo Norte.
Ubicado en el departamento de La Libertad, a 45 kilómetros de El Salvador, Ciudad Arce es un municipio de 80.000 habitantes. No es la localidad más violenta del país centroamericano, pero la tasa de homicidios es elevada y ocasionada principalmente por la guerra entre pandillas (MS-13, que controla la zona y el Barrio 18) y el gobierno. Su departamento es, después de la capital, el que mayor número de muertes violentas registra.
En la última década, la cifra de asesinatos en Ciudad Arce oscila entre los 30 y los 60 anuales.
Las cifras han sido significativas para que el gobierno lo incluya en el plan El Salvador Seguro, que prevé acciones específicas de prevención para las localidades que tienen mayores índices de violencia y presencia de pandillas.
La guerra continúa. Los jóvenes se sienten víctimas de este conflicto y dicen encontrarse en el punto de mira de los policías.
Las pandillas, Mara Salvatrucha y Barrio 18, tienen su origen en EEUU en la década de los 80 del siglo pasado. En todo este tiempo sus dinámicas han evolucionado. Ahora, ya no lucen tatuajes ni marcan el territorio a través de graffitis en las paredes.
Y a pesar que muchos jóvenes colaboran o forman parte de estos grupos, no todos se introducen en estas estructuras. Hablando con ellos, uno se da cuenta de que, si les obligan a elegir entre pandilla y policía, lo tienen fácil. Mientras los uniformados simbolizan la represión, los pandilleros ejercen una extraña figura de autoridad. Saben que cometen delitos, que cobran renta y perpetran homicidios, pero también simbolizan protección e imponen su propio orden.
