No es novedad el estado de precariedad que atraviesa Guatemala por la pandemia de coronavirus COVID -19. Basta con ver los noticieros para entender que Guatemala se encuentra frente a una crisis económica, social y de salud. Un alza en contagios de coronavirus, altos índices de pobreza y un estado fraccionado, son algunos de los escenarios frente a los que nos encontramos como nación.
Han transcurrido más de 3 meses desde que comenzó el proceso de inmunización contra el COVID 19 en el territorio guatemalteco y la aplicación al Plan Nacional de Vacunación,se desarrolla lento. . Sobre todo derivado de una gestión mal manejada por el Gobierno de Guatemala en la adquisición de vacunas.
El contrato “confidencial”
Guatemala ya canceló una suma de 79.6 millones de dólares (casi el 80% del presupuesto para la adquisición de vacunas) al Gobierno Ruso, sin embargo, a la fecha el país ha recibido únicamente el 3% de las vacunas pactadas (se esperan 8 millones de dosis de la vacuna rusa).
Esta negociación parece favorecer enteramente al productor ruso, debido que exime de toda responsabilidad a Rusia por cualquier tipo de atraso, por ineficacia del producto o cualquier pérdida; no existe un cronograma de entrega definido ni cláusulas que puedan garantizar algún tipo de devolución.
Sumada a la pobre negociación con Rusia, la cartera de salud decidió declarar el contrato como “confidencial”, por consecuente no se puede acceder al mismo a través de información pública. Acción que no beneficia los procesos democráticos y de transparencia del país.
Derivado de la oscura y ambigua negociación del gobierno de Guatemala con Rusia respecto de la adquisición de vacunas contra el covid-19 (Sputnik V), el canciller Pedro Brolo visitó Rusia en el mes de junio con el propósito de, entre otras cosas, abordar lo relacionado a la revisión del contrato para agilizar el monto y frecuencia en la entrega de dosis de la vacuna Sputnik V, que permita acelerar la inmunización de la población guatemalteca.
El hermetismo entre la cartera de salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a la opacidad en las negociaciones y la visita del canciller al país ruso (que poco pudo lograr), ha inyectado más incertidumbre e inconformidad en la población guatemalteca.
La amenaza ante la manifestación
Ante esta serie de inconsistencias, la Procuraduría de los Derechos Humanos, diferentes actores políticos y sociales y la población guatemalteca en general, han solicitado la renuncia de: Amelia Flores, ministra de Salud Pública; Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala; Pedro Brolo canciller de la República de Guatemala, entre otros actores políticos, pero ¿Cuál fue la respuesta del presidente ante esta situación? Una amenaza
Las recientes manifestaciones de diversos grupos que conforman la sociedad civil, exigiendo transparencia y coherencia de parte de las autoridades, no ha hecho más que resaltar la poca tolerancia que tiene el mandatario a la libertad de expresión. Tanta fue la inconformidad del presidente Giammattei que decretó en consejo de ministros un Estado de Prevención en todo el territorio nacional, con el propósito de mermar y silenciar las manifestaciones en su contra, recordando que, según la ley de orden público, dentro de las facultades que se le confieren al ejecutivo se encuentran “Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública y exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que inciten a la alteración del orden público, a juicio de las autoridades.” aduciendo que aquellos que manifiestan son los culpables de que el COVID 19 se siga expandiendo.
