Dino Villalta/ Estudiante de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales / Tercer lugar*
En los considerandos de la Ley de Comisiones de Postulación se puede identificar fácilmente los motivos para la existencia de tales comisiones: limitar la discrecionalidad de los organismos del Estado en cuanto al nombramiento subjetivo e idóneo de determinadas autoridades públicas; garantizar la designación de autoridades públicas idóneas, mediante procesos públicos y objetivos; garantizar nóminas de profesionales con las mejores calificaciones académicas, profesionales, éticas y humanas.
Dadas las circunstancias anteriormente mencionadas, pareciera cuestión de sentido común delegar tal responsabilidad a la academia; después de todo se trata de una “sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública” (según la Real Academia Española). Así que la tarea impuesta a nuestros académicos no tendría por qué estar más allá de su alcance intelectual y ético; además la academia en sí tiene por objeto indicar el camino evolutivo a seguir por la sociedad de la que forma parte, así que con el Decreto Número 19-2009 el Congreso le confiere a los académicos uno de los lugares que les corresponde en la sociedad, como asesores técnicos para la elección de determinadas autoridades públicas.
Sin embargo, el discernimiento de tales facultades conlleva responsabilidades que escapan del plano puramente académico y se adentran más en el campo político. Y es que se hace bastante obvio que la entrega de una reducida lista de “personas idóneas” para desempeñar un cargo, que juega un papel fundamental en la construcción y mantenimiento del Estado de Derecho, acarrea una cuota de poder amplísima.
Lamentablemente donde hay poder hay intereses subyacentes que no siempre van de la mano con el bien público que forma parte de la definición misma de “Estado”.
Entonces tenemos un grupo de académicos, conocedores y estudiosos de las leyes, críticos y analistas del sistema, mentores de los futuros pensadores y activistas del mundo, quienes además de esto, conforman una comisión con el fin de garantizar que los nombres que reciba el respectivo Organismo del Estado son los más idóneos para desempeñar el cargo que se les conferirá. Aunado a elo, los académicos conforman dicha comisión como garantes de que los nombres contenidos en la lista, además de ser idóneos, no deben estar vinculados a ningún poder paralelo que llegare a viciar sus actos como autoridades públicas.
Se trata de un grado de responsabilidad superior y lo delicado del asunto también es superior. Quienes conforman estas comisiones son guardianes y custodios del futuro de nuestra sociedad, de quienes se espera nada menos que transparencia y compromiso total. La única forma en que estos académicos pueden estar seguros y conformes con lo que deciden es teniendo plena certeza y seguridad de que se han apegado constantemente a principios éticos con convicción incuestionable.
El plano en que la sociedad y la misma legislación colocan a los académicos pareciera no permitir escrutinio alguno, pues se asume que sus actuaciones serán intachables, por lo que los guardadores y custodios de sus actuaciones son ellos mismos.
El único resguardo al que los integrantes de las comisiones pueden aferrarse es la ética, haciendo pleno uso de las virtudes cardinales: Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza.
La ética de estos vigilantes propiciaría que vigilen correctamente, como se espera que lo hagan…
Para que la labor de los académicos en las comisiones de postulación logre el objetivo que buscaba la Asamblea Nacional Constituyente – y el objetivo de la Academia en sí –, estos deben comprender y reconocer que la ética es el principio, medio y fin para encaminar a la sociedad guatemalteca al tan anhelado Estado de Derecho.
En el caso de estos vigilantes, la ética es quien los vigila; mas no como ente externo, sino como factor propio de cada uno de ellos.
*Concurso de ensayos sobre ética profesional en las comisiones de postulación, promovido por el Tribunal de Honor de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Rafael Landívar.
