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Un recurrente tema de discusión y análisis en estas últimas semanas ha sido la propuesta de salario mínimo diferenciado, la cual ha sido impulsada desde el inicio de la actual administración gubernamental por, al menos, el ministro de trabajo Carlos Contreras. Al esfuerzo se suma el Ministerio de Economía, a través del análisis de Pronacom, y los jefes del ejecutivo con las ya usuales, pero no por eso menos indignantes, declaraciones de la vicemandataria Baldetti. Cabe resaltar que la propuesta está en suspenso por la acción legal interpuesta por el Procurador de Derechos Humanos, Jorge De León.
En teoría económica, al salario mínimo se le conoce como protección del trabajo y es una variable residual cualitativa que define, junto con otras variables, los salarios nominales y tiene una relación positiva con los mismos. En otras palabras, cuando existe protección del trabajo, los trabajadores demandan salarios nominales mayores que cuando no existe. Sin embargo, no en todos los países la protección del trabajo toma la forma de salario mínimo. Fuera de Guatemala, la protección del trabajo puede ser un subsidio que el Estado otorga a los trabajadores desempleados por un período de tiempo mientras encuentran empleo, o proporcional al tiempo que trabajaron en la empresa. Muchos académicos concuerdan que esta propuesta no es la ideal para Guatemala.
La actual propuesta de salario mínimo diferenciado busca reducir a Q1,500 los ingresos mínimos mensuales de los trabajadores formales en los municipios de Guastatoya, Estanzuela, San Agustín Acasaguastlán y Masagua. Resulta interesante que al analizar estos cuatro municipios contra los datos que presenta el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN-, vemos que el posible criterio de elección de estos municipios fue que los departamentos a los que pertenecen tienen los indicadores de mediana de ingresos más alta, tasa de pobreza general más baja, y tasa de informalidad más baja; todo en relación a los demás departamentos de Guatemala.
Ahora bien, parece incongruente que un argumento de quienes están a favor de esta propuesta sea que bajar el salario mínimo reducirá la informalidad, la pobreza y aumentará los ingresos, en todo caso pudo haberse hecho la propuesta para los municipios con peores indicadores. Si tenemos en cuenta que los departamentos donde se encuentran los cuatro municipios mencionados tienen una mediana de ingresos cercana a Q1,500, habrá más incentivos para las empresas que inviertan en estos territorios a poder cumplir con la condición. Habría menores incentivos si la propuesta fuese dirigida a municipios en Quiché o Alta Verapaz, donde las empresas tendrían que subir al doble los salarios de la mediana de ingresos que actualmente se estiman en Q720 y Q800, respectivamente.
Los incentivos no garantizan que las empresas pagarán el salario mínimo a sus empleados solo para que sean formales, como sucede actualmente con el salario mínimo no diferenciado.
Son incentivos, no garantías. Además, se crean incentivos perversos para reducir salarios, porque las empresas que sí pagan el actual salario mínimo, tendría incentivos para reducirlo. Esto puede percibirse como inadecuado, sin embargo es racional económicamente, pues pagar mayores salarios les significa a los empresarios asumir mayores costos y reducir sus márgenes de utilidades. Los empresarios suelen decir que su activo más valioso son sus empleados, estas iniciativas parecen indicar lo contrario.
Otro argumento a favor indica que las personas tendrán acceso a seguridad social y los beneficios que la ley permite, lo cual es válido, a pesar de que la calidad de los servicios es cuestionable. Sin embargo, la forma de lograr esto es discutible: ¿es realmente, bajar el salario mínimo, la mejor forma de ingresar personas al sector formal? Probablemente no, pues el Estado pudiese promover políticas que generen condiciones para que las empresas paguen mejores salarios, ya sea invirtiendo en las capacidades de los empleados (educación, salud) y/o generando condiciones del lado de los empleadores que equilibre el poder de negociación contractual, fomentar la competencia, erradicar monopolios, monopsonios y demás fallas del mercado relacionadas con la concentración excesiva de poder y riqueza.
Por último, si el salario mínimo ya es menor que el costo de la canasta básica, reducirlo discriminatoriamente sin fomentar la competencia, entre otras políticas económicas, probablemente solo ocasionará una mayor brecha entre el costo de la canasta básica y los ingresos de las personas.
Es cierto que el Gobierno no debe fijar precios en ningún mercado para evitar distorsiones, sin embargo, sería inmoral no hacerlo en el mercado laboral, pues a diferencia del mercado de bienes, las variables en juego no son precios y productos, sino ingresos y seres humanos.
