Según la Organización Panamericana de la Salud, el déficit de la cobertura para los servicios de saneamiento está cerca de 83% en la zona rural, de 334 municipalidades registradas en la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2015, sólo un 4% aplican tratamiento a las aguas residuales, mientras que el resto es vertido en los cuerpos de agua, principalmente ríos.

De igual manera, el acceso a agua potable es complicado, debido a que 95% de las fuentes de agua están contaminadas.  El acceso a estos servicios representa un gran desafío para las familias guatemaltecas del contexto rural.

 

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional indica que el agua potable y el saneamiento ayudan a prevenir la desnutrición crónica que aqueja el país, mientras que la Organización Mundial de la Salud -OMS- estima que 88% de enfermedades diarreicas son provocadas por el consumo de agua insalubre, falta de saneamiento e higiene.

Agregando a estas estadísticas, la pandemia COVID-19 y dos depresiones tropicales, la situación de los guatemaltecos en áreas rurales se ha agudizado, dejando familias enteras en condiciones de extrema pobreza, lo cual repercute en temas de salud, higiene y saneamiento.

¿Qué hacer ante esta situación?

Crear o apoyar programas sociales, para que las familias se eduquen y tengan acceso a distintos insumos que mejoren la calidad de higiene en sus familias.

Agregar en los programas de educación en escuelas, temas de higiene, lavado de manos y uso de letrinas para el saneamiento de las comunidades.

Exigir políticas gubernamentales, que obliguen a las municipalidades a implementar programas de tratamiento para aguas residuales y grises.

Involucrarse con instituciones que trabajen Programas de Salud, Educación y Alimentación Saludable, para que nuestras familias tengan la oportunidad de un mejor futuro.

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