By Brújula
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Análisis-de-Coyuntura2-1

Dirección de Incidencia Pública

Comisión de Análisis Político

Vicerrectoría de Investigación y Proyección

Universidad Rafael Landívar

La intervención del organismo ejecutivo y legislativo y de grupos corporativos y mafiosos, en la elección de las Cortes de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y otros órganos del Estado, constituyeron parte de un conjunto de hechos que explican el quebrantamiento de la independencia de poderes. Así también, el vínculo de funcionarios electos con el crimen organizado, empaña de ilegitimidad el proceso político y obstaculiza el ejercicio de la voluntad ciudadana en la elección y designación de autoridades públicas. Los hechos muestran un escenario de ruptura y violación al orden constitucional y a la institucionalidad del Estado.

Esto hace que la crisis actual sea grave y de curso incierto. En este contexto se percibe que las elecciones no significan una salida a la crisis pues se les atribuye, insistentemente, un carácter fraudulento e ilegítimo. Así, existe una exigencia ciudadana de suspensión del proceso mientras no entren en vigencia reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que conduzcan a una modificación al régimen de representación y de saneamiento del sistema político.

La situación se agravó con las acusaciones debidamente fundamentadas del Ministerio Público y la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala, que llevaron a la captura y detención de la exvicepresidenta Baldetti y la solicitud de un nuevo antejuicio contra el presidente Pérez Molina.

La consecuencia inmediata ha sido la multiplicación de exigencias de su renuncia, entre las cuales se sumó la del CACIF; la dimisión de varios ministros y secretarios de Estado; y las acciones de diversos grupos y sectores sociales que preparan movilizaciones en todo el país. A pesar de la falta de respaldo político en que quedó, el presidente se niega a renunciar.

Esta crisis se agrava con las actuaciones y maniobras vergonzosas e ilegítimas del Congreso de la República, con las que se pretende ocultar la responsabilidad de funcionarios y dignatarios en casos de corrupción, tráfico de influencias y vínculos con redes de la mafia y el narcotráfico. Así mismo, con la burla a las demandas ciudadanas que sistemáticamente han sido boicoteadas y paralizadas.

Esta situación de crisis y su curso imprevisible, requiere de los Ciudadanos:

  • Posicionarse en contra de cualquier salida de fuerza que pudieran pretender grupos interesados en mantenerse o en suplantar ilegalmente posiciones de poder en las estructuras del Estado.
  • Cuestionar cualquier estrategia fraguada en forma subrepticia, pues constituiría una falsa salida que únicamente estará destinada al agravamiento de la situación política del país.
  • Reiterar la demanda al Congreso de la República para que de forma inmediata se proceda a la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (iniciativa 4974), presentada por el Tribunal Supremo Electoral, siendo que esta representa el acuerdo de la mayoría de instituciones y sectores sociales del país.
  • Manifestar el apoyo irrestricto al Ministerio Público y a la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala, en sus investigaciones y procesos de acusación en contra de funcionarios públicos y cualquier ciudadano implicado en hechos de corrupción y crimen organizado.
  • Demandar a las Cortes de Justicia y Constitucionalidad, ser garantes de los procesos en contra de funcionarios públicos y ciudadanos implicados en hechos de corrupción y crimen organizado.
  • Insistir en la importancia de acuerdos y consensos ciudadanos de Guatemala, que garanticen una salida pacífica a la crisis, y que sea el inicio de un proceso de reformas legales, constitucionales e institucionales que catalicen el carácter democrático, incluyente y de justicia que debe caracterizar al Estado.
  • Requerir al Estado, en su conjunto, el absoluto respeto a las garantías constitucionales en materia de asociación, libre emisión del pensamiento, libertad de prensa, manifestación y resistencia ciudadana.

Guatemala, 25 de agosto de 2015.

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