Mucho temor levantó entre quienes trabajan por los Derechos Sexuales y Reproductivos el discurso conservador y desinformado de Trump sobre el aborto y su relación con el financiamiento federal para la salud de las mujeres. Durante el tercer debate con Hillary Clinton, el hoy presidente Republicano, afirmó que con la actual ley es posible “quitar al bebé de la panza materna”, además de su amenaza de nombrar jueces opositores en la Corte Suprema y el no tan sutil tono misógino de su discurso.

Cecile Richards, directora de la Federación Americana de Planificación Familiar (PPFA por sus siglas en inglés), hacía énfasis, en una entrevista con Christiane Amanpour, en la importancia de diferenciar la salud reproductiva, sobretodo de las mujeres, de un partisan issue,  es decir, limitado a un asunto partidista o ideológico. Aunque la discusión sobre la institucionalidad y el financiamiento federal de la Salud Sexual y Reproductiva en Estados Unidos debe –para efectos de una discusión relevante-, evaluarse también a nivel dicotómico demócratas-republicanos, o al menos entender que esa discusión y los años de construcción de su institucionalidad son también un asunto político.

A pesar de la amplitud de servicios de Salud Sexual y Reproductiva que son financiados por el gobierno de Estados Unidos a través de Medicaid –el programa de salud para personas de escasos recursos que opera a través de Planned Parenthood–, la discusión sobre financiamiento siempre juega con la variable del aborto aunque dicha variable no siempre sea relevante en términos de cantidad de servicios.

La discusión sobre el aborto en Estados Unidos –y en el mundo–, ha estado amarrada a temas religiosos y dogmas ideológicos que rayan afuera incluso de la discusión científica, o más importante aún de la discusión sobre los Derechos de las mujeres.

Sin embargo, a raíz de la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos –producto del histórico Roe v. Wade–, que bajo la decimocuarta enmienda y el principio jurídico de privacidad, estableció que las mujeres podían decidir o no continuar un embarazo prohibiendo a los estados legislar en contra de la interrupción voluntaria, la discusión se ha orientado hacia la parte jurídico-institucional.

Cuatro años más tarde sería aprobada la Enmienda Hyde, que pone un candado al Presupuesto Federal para financiar abortos a través de Medicaid. La vigente al día de hoy, permite financiar abortos cuando las causales son violación o incesto y cuando existe un trastorno físico, enfermedad o herida física incluyendo una condición física que pone en peligro la vida, resultado del embarazo en sí. No obstante, permite a los estados proveer fondos públicos para el aborto en situaciones más allá de las excepciones de la Enmienda Hyde, aunque solamente 17 estados proveen financiamiento y solo cuatro lo hacen sin requerir una orden judicial.

Más peligroso entonces que cualquier discusión desinformada sobre el aborto, es la desinformación absoluta sobre los beneficios de la Salud Sexual y Reproductiva, sobretodo, que en dicha desinformación hay un componente brutal de machismo de Estado. El 80% de las usuarias del financiamiento federal para Planned Parenthood a través de Medicaid son mujeres y una de cada diez en Estados Unidos, utiliza esos servicios que al final son más de diez millones mujeres. Sin mencionar la reducción significativa de las tasas de abortos, la más baja desde 1974, consecuencia directa de la amplia cobertura de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva. Razón por la cual, Barack Obama, vetó el proyecto de Ley que pretendía prohibir que el financiamiento de Medicaid llegara a Planned Parenthood; y un argumento que debió haber sido suficiente para que Trump fuera el primer presidente Republicano en no reinstaurar el Global Gag Rule o “Política de la Ciudad de México” que impide que las ONGs que reciban fondos federales, promuevan o presten servicios relacionados con el aborto en otros países.

Cabe recordar que el Global Gag Rule, ha sido una política intermitente sujeta al vaivén entre gobiernos Republicanos y Demócratas siendo instaurada por Ronald Reagan, ratificada por George H.W. Bush, anulada por Clinton, retomada por George W. Bush y vuelta a anular por Barack Obama. Esa dinámica de inestabilidad financiera para las ONG que prestan servicios financiadas por cooperación que trabaja con fondos federales de Estados Unidos, no es nueva y era casi una garantía que sería eliminada de quedar electo Trump.

En Guatemala, donde el aborto es ilegal salvo cuando peligra la vida de la madre, el Global Gag Rule tiene repercusiones indirectas. El gobierno ha absorbido el 65% de los servicios de planificación familiar, mientras que el 10% de los servicios son prestados por el IGSS, un 4% es prestado por servicios privados y el restante 21% es prestado por ONGs (el 16% es prestado por APROFAM). Ese 21% es financiado en buena parte por fondos federales de Estados Unidos, que aunque en Guatemala no son utilizados para promover o prestar servicios de aborto –debido a su carácter legal–, el desfinanciamiento de los receptores principales podría repercutir en la prestación de esos servicios.

El llamado de atención debe ser para las autoridades de salud, para el diputado Álvaro Velázquez y para la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República quienes hoy tienen en sus manos la disparatada iniciativa de Ley 5160, que presentada bajo un grado preocupante de improvisación y desconocimiento irresponsable, amenaza con eliminar el presupuesto del Programa de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud, que había sido ganado de lo recaudado del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, Cervezas y Otras Bebidas Fermentadas.

La dependencia de cooperación internacional para la prestación de servicios en un país que solo el año pasado –según datos del OSAR– reportó alrededor de 8,400 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años y 4,700 embarazos en niñas de 10 a 14 años. 

Un país que presenta un crisis global de violencia sexual y violencia de género, altos índices de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, cáncer cervicouterino y mortalidad materna, es preocupante y pone en riesgo la vida de las niñas y mujeres guatemaltecas.

No deja de ser cierto que bajo el yugo irresponsable de Trump y sus reacciones hepáticas, con alta carga ideológica, el financiamiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el mundo peligra, la lucha de las mujeres que tomaron las calles de Washington y otros lugares del mundo debe ser permanente y estar alerta en mantener el derecho ganado durante los próximos cuatro años.

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