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Pamela Avilés / Opinión /

¿Qué pasaría si por un momento nos olvidamos de la moral que hemos heredado? La tesis que desarrollo en esta columna establece que la condena moral que como ciudadanos realizamos a ciertos fenómenos políticos debería ser anulada una vez sea comprobada la eficiencia de estos fenómenos. Así pues, para poder continuar es preciso aclarar que por eficiencia entenderemos que: es la capacidad para lograr una determinada acción empleando los mejores medios posibles, y que habiendo establecido esta definición se suprime todo juicio moral que pueda o no realizarse respecto a este término.

En otras palabras, lo que me propongo, es explicar por qué elementos como el nepotismo, la corrupción y el transfuguismo -dentro de muchos otros fenómenos políticos- al ser desligados de la moral, pueden demostrar ser eficientes para el funcionamiento del Estado.

Para poder lograr el objetivo de esta columna, apelaré a que todo lector utilicé el velo de la ignorancia propuesto por John Rawls, el cual consiste en que una persona romperá todo vínculo existente y se ubicará en la posición original, la cual decreta que el individuo ignorará toda concepción moral, política, cultural y religiosa preexistente así como también desconocerá toda condición social como la raza, el sexo, entre otros.

Establecido el requisito que sugiero para entender la opinión aquí expuesta, entro en el desarrollo de mi columna para la cual será necesario tener en consideración tres conceptos: transfuguismo, nepotismo y corrupción del Estado. Así pues, por transfuguismo se entenderá que como un comportamiento individual –del político, que cambia su postura política con la que fue electo, por una nueva asociación política. En palabras muy simples, es un político que cambia de partido. Por otro lado, por nepotismo entenderemos que es una tendencia a otorgar favores, más particularmente, puestos públicos a familiares o personas afines. Y por último, corrupción será entendida particularmente cómo los negocios favorables para el político y determinadas empresas.

Así bien, antes de atribuirles una carga moral; se puede considerar a estos mismo como una de las fuerzas del going del Estado.
El caso es que por cultura, los ciudadanos condenamos estos fenómenos con una base moral y descartamos de nuestro análisis la posible existencia de beneficios. 
Así pues, hay que considerar que en toda acción política hay costos como también beneficios, aún cuando la acción política emprendida es moralmente aceptada. Lo que se propone es descubrir que es cuestión de poner en balanza los costos y beneficios de manera que se pueda considerar si se debe eliminar la carga moral a la que estos fenómenos están predispuestos y así gozar de los beneficios que puedan traer.

Ahora bien, en particular desarrollaré el primer concepto: el transfuguismo. En Guatemala, la acción política no está casada con una ideología, al no estarlo tampoco existe en el político lazos de fuerza que lo unan con principios rígidos de una ideología. Así pues, al no existir dichos principios, existe lo que podríamos llamar un “pragmatismo político”; esto quiere decir que el individuo no se venderá como “demócrata”, “socialista”, o demás títulos ideológicos, sino se venderá como alguien que desea servir a su pueblo en la medida que el cargo público se lo permita.

Establecido esto, cabe decir que el transfuguismo se condena en la teoría política porque se violan los principios y preceptos ideológicos con los que se identifica a un político. Sin embargo, ya se estableció que la identificación político-ciudadano no es de carácter ideológico, y por ende la crítica del transfuguismo no aplica al escenario político de Guatemala. En cuanto al posible beneficio que podría considerarse al eliminar la clausula moral del transfuguismo cabe señalar: la experiencia política. Es evidente que el político tránsfuga lo es porque desea seguir en el poder, y está claro que la rotación de partidos dominantes en el Congreso de la República es rotativo, y que el partido que hoy es dominante, no lo será mañana.

De manera que, el político se ve en la necesidad de cambiar su “vehículo político” (es decir el partido) para emprender nuevamente la lucha por obtención del poder, o propiamente dicho un curul en el congreso. Ahora, este intercambio de partido provoca que algunos de los que estuvieron en la legislatura pasada también lo estén en la siguiente. Esto resulta en que el Congreso esta constantemente conformado por políticos que ya saben el “teje y maneje” en la arena política guatemalteca. Con esto, no quiero decir que una elite política no deba renovarse ni permitir esfuerzos de nuevos individuos, sólo se establece que el conocimiento de políticos que han cometido transfuguismo puede ser una ventaja para el going del Estado. Hay que ver el transfuguismo como un simple reconocimiento de lo que conviene para continuar en el cargo. El político, en teoría, deberá ser igual de productivo en partido político “A” o “B”, porque tanto ciudadanía como la directiva de los partidos representaran una fuerza exigente de la eficiencia del político.

Dada una explicación al transfuguismo proseguiré con nuestro siguiente concepto que es el nepotismo. Para ello introduciré un renombrado principio de la teoría política y es que el poder corrompe. Comúnmente decimos que cuando una persona tiene éxito, las demás por distintas razones tienden a la envidia, y movida por esta entran en competencia para opacar el éxito del que dicha persona carece. Así pues, estar en el poder requiere de tener personas de confianza y que sirvan o sean afines a las metas políticas definidas. Así pues, otorgar cargos públicos a familiares –que por cultura general son de facto personas de confianza, puede brindar seguridad al político.

Si bien en preciso comprender por seguridad, la ausencia de competencias de las diferentes ambiciones de quienes están en cargos públicos. Lo que intento decir es que, si yo soy un ministro  y debo llenar las vacantes laborales con el cambio de elecciones preferiré tener a personas que conozco y que en teoría son aquellas en las que confiar no resulta una tarea tan difícil. Claro, existe también un cierto grado de relatividad ya que el que un familiar sea quien esté en determinado cargo no asegura que el poder no le corromperá y entrará entonces en competencia motivado por sus ambiciones, con quien favoreció su ocupación de dicho cargo inicialmente.

Por último, la corrupción que aunque parezca de los tres conceptos el peor, es en términos de teoría política un fenómeno existente desde la consolidación de los Estados en la época colonial. Y es que primero se debe aclarar que existen diferentes interpretaciones de lo que es corrupción; sin embargo, para efectos de esta columna por corrupción se delimitará exclusivamente al intercambio de favores políticos con determinadas empresas. En otras palabras, la compra sobrevalorada de materia prima utilizada con frecuencia en la construcción de obras públicas. Si bien, esta sobrevaloración monetaria de la materia es económicamente ineficiente, en términos políticos se mide la efectividad en términos de: ¿se realizó la obra o no? Pregunta que con frecuencia se contesta de manera afirmativa. Así pues en términos de la relación político-ciudadano, el primer actor (el político) cumple con suplir la necesidad de carreteras, puentes y demás, esto es eficiente.

Así bien concluyo afirmando, que esta columna puede tener complicaciones teóricas que sean debatibles, y que también existe una necesidad de ampliar y desarrollar más los argumentos. Sin embargo, inclusive a mí me resulta difícil digerir mi opinión porque mis principios morales me piden condenar estos conceptos. Y sé, que aún hay tantos argumentos para defender mi tesis, pero también los hay para destruirla. No pretendo con esta columna, cambiar y eliminar nuestra concepción moral, mi propósito es hacer ver el “¿qué pasaría si no tuviéramos una herencia moral que condena estos fenómenos políticos?”.

Esta opinión, como ya dije da para extenderse; sin embargo, me gustaría acabar preguntando: ¿Es la moral suficiente justificación para condenar un fenómeno que puede con las debidas regulaciones y transparencia funcionar como impulso del Estado?

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