Andrea Godínez/ Brújula/
Parte III
Desde civilizaciones antiguas, el ser humano ha encontrado en el suelo un modelo de desarrollo que le ha permitido modificar, mejorar o preservar su existencia en la tierra. Poseer mayor cantidad de tierra que contenga materiales codiciados, ha sido también un símbolo de poder a través de los años. Un claro ejemplo de ello fue la actividad extractiva que se desarrolló en Europa durante el dominio del Imperio Romano; de hecho varios científicos afirman que la minería durante esta época dio como tal, el origen a la actividad extractiva que conocemos hoy en día. Asimismo, expertos afirman que producto de esta actividad milenaria, todavía los impactos a los suelos son evidentes derivado de la segregación de líquidos que continúan contaminando fuentes de agua en el viejo continente.
Guatemala es un país altamente demandado para la actividad extractiva. Durante la última década, la extracción minera ha representado al país unos 15,000 millones de quetzales entre impuestos, regalías e ingresos directos según un estimado realizado por la Gremial de Industrias Extractivas y publicado por el Ministerio de Energía y Minas en su informe anual en 2012. En el país, 353 licencias de exploración y explotación se encuentran vigentes actualmente y 601 licencias se encuentran en trámite, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, publicado recientemente en un reportaje por Prensa Libre. Evidentemente, el país demuestra ser la cuna para proyectos minero, especialmente cuando se observa el mapa de catastro, el cual muestra que de los veintidós departamentos de la República, únicamente Sololá es el único departamento que no tiene emitida ni en trámite ninguna licencia. A pesar de contar con muchas licencias en trámite en el país con promesas de desarrollo local, el tema minero genera mucha controversia en la opinión pública principalmente por el alto impacto y daños ocasionados al medioambiente por la instalación de estos proyectos.
Impactos mediambientales
En un país donde por antiguos conflictos sociales como el conflicto armado interno, los guatemaltecos se vieron obligados a desplazarse a las montañas para refugiarse e iniciar nuevos hogares, la actividad minera a cielo abierto hoy en día amenaza con destruir estos ecosistema en el que miles de guatemaltecos viven en la actualidad. Ecosistemas que hasta la fecha los provee de múltiples recursos como animales, agua, vegetación y suelos fértiles que han permitido su existencia y permanencia en estas áreas. En un entrevista al Ingeniero Ambiental Jorge Grijalva, afirmaba que la actividad minera representa muchos peligros para Guatemala ya que es un país densamente poblado teniendo por kilómetro cuadrado 137 habitantes, mientras que en países como Chile, Perú y Bolivia se encuentran entre los 20 y 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, esta actividad es más viable en territorios extensos o desérticos como México, por ejemplo, ya que la topografía lo permite; y en países pequeños en territorio como Guatemala, los impactos sociales y ambientales de la minería a cielo abierto son inmediatos principalmente por la contaminación a las fuentes hídricas del lugar.
Ecosistemas violentados y comunidades divididas son algunos resultados de la minería en el país refería Raúl Maas, ingeniero ambiental del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente IARNA. Además, indica que los impactos a las comunidades cuando los proyectos se retiran, es decir, terminan su actividad extractiva, son altos. Lo que dejan son alteraciones a la fisiografía de la tierra, ya que para buscar un mineral, es necesario remover el suelo, bosques, rocas, desplazar hogares, acabar con la flora o fauna del lugar ya sea por escasez de agua o destrucción del ecosistema. Así mismo contribuye a la contaminación de suelos por los residuos de escoria de químicos utilizados para obtener el mineral deseado, lo cual también genera la pérdida de grandes extensiones de suelo a causa de la erosión.
[box_light]En Guatemala, anualmente 215 millones de toneladas de suelos terminan en ríos debido a procesos erosivos. IARNA-URL, Perfil Ambiental de Guatemala (2010-2012).[/box_light]
Los activistas medioambientales Carlos Zorrilla, William Sacher y Alberto Acosta, sostienen que en territorios que cuentan con bosques nublados, páramos que protegen las cuencas hidrográficas, lagunas, ríos, manglares, especies en peligro de extinción, donde existan altos riesgos sísmicos y donde las rocas tienen un alto concentrado de compuestos sulfurosos como el arsénico, -Guatemala-, los mineros responsables, deberían reconocer que la extracción no puede ser viable ya que el suelo no podría representar buenos usos.
Algunas de las organizaciones y expertos que también hacen evidente los daños medioambientales a causa de la minería son: Green Peace, National Geographic y Catapa.
Para el caso de Guatemala, muchos afirman que el impacto ambiental varía del tipo del proyecto y el tipo de minería. En el caso de la minería subterránea, la ingeniera Ana Raquel Reyes, señala que las mineras son empresas comprometidas con el medioambiente ya que los químicos que utilizan en la actualidad no son tóxicos para los suelos o recursos hídricos produciendo ningún daño o alteración química a los recursos naturales. De igual manera, cuentan con planes de mitigación para prevenir daños hacia los recursos naturales y a las comunidades cercanas.
Impactos sociales
Para el tema de los impactos sociales, las empresas mineras parecieran llevar la delantera, siendo el empleo uno de los impactos más fuertes que se presentan. Reyes, asegura que la finalidad de las multinacionales extractivas no es obtener únicamente un metal, es también, generar empleos, mejorar los mercados locales, sostenibilidad al sector informal, capacitar y desarrollar a las personas de la comunidad, entre otras. “Las empresas no proveen empleo exclusivamente durante el tiempo de vida de la mina, estas educan a las personas para que al momento del cierre de los proyectos cuenten con habilidades adquiridas que aseguren un desarrollo social integral” sostenía.
[box_light]De acuerdo a el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, para el 2011 la industria extractiva generó alrededor de 13,309 empleos.[/box_light]
De igual manera, las mineras con el fin de mitigar los conflictos sociales con las comunidades cercanas, cuentan con departamentos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que se encargan de realizar proyectos sociales incluso más largos que el tiempo de vida de una mina. Entre estos proyectos se puede mencionar la construcción de escuelas, mejoras a los accesos viales, fortalecimiento del sistema de salud a través de jornadas médicas, talleres de capacitación dirigidos a los familiares de los empleados e incluso algunos proveen de alumbrado eléctrico. Pareciera obvio que en comunidades donde los accesos a los servicios básicos han sido limitados o escasos por parte del Estado, un proyecto que venga a ofrecer estos beneficios, será acogido por muchos. Sin embargo, para otros el impacto ambiental a largo plazo siempre tendrá mayor peso que los impactos sociales a corto plazo. A consecuencia de esto, se ha evidenciado que en muchas familias ha generado divisiones internas.
En un estudio presentado por ICEFI y la ONG IBIS, mencionado por la Agencia de Noticias EFE en el Nuevo Diario, en Guatemala el 78% de los municipios donde se concentra la mayor actividad extractiva del país, representa un alto foco de conflictividad. Contrario a esto, cabe analizar que el pasado mes de marzo, Guatemala se hizo acreedor del primer lugar a nivel centroamericano y el segundo a nivel latinoamericano en cumplir con las normas internacionales establecidas por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.
Por un lado transparencia, alianza y diálogo entre gobierno e industrias extractivas y por el otro, conflicto por la actividad minera entre sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Y a un nivel micro, divisiones entre familias de una misma comunidad.
Entonces, ¿por qué el tema genera tanta susceptibilidad? ¿Por qué hay tantas opiniones encontradas? ¿Por qué algunos aseguran que es muy beneficiosa mientras otros dicen todo lo contrario? ¿Por qué por cada nuevo proyecto minero las resistencias comunitarias parecieran tomar fuerza? ¿Es cierto todo lo que afirman las empresas mineras? ¿Es cierto todo lo que afirman las resistencias sociales? La respuesta para la ingeniera Reyes es la falta de información. Tanto para los impactos ambientales, como para los sociales existe una necesidad de que la población se informe, tome una postura, actúe y exija a las autoridades lo que considere mejor para el desarrollo integral del país.
La minería es sin duda alguna, un tema totalmente polarizado y debatido en la opinión pública. Mientras el sector minero apoyado por el actual gobierno afirma comprometerse con el desarrollo integral del país promoviendo la inversión, empleo, capacitaciones, accesos a la salud y educación, entre otros; el sector ambientalista de derechos humanos, algunos académicos y organizaciones sociales y comunidades, contraponen los impactos ambientales y afirman que los beneficios sociales de las industrias extractivas, tienen un trasfondo político. La necesidad de crear espacios de diálogo efectivos cada ves se hace más fuerte. Además, es necesario como país establecer las formas necesarias para que este logre un desarrollo para todos sus habitantes en armonía con el entorno natural de nuestro territorio, y analizar si es la actividad minera la mejor promesa.
Poco se conoce de los verdaderos procesos de extracción e impacto de las empresas mineras y poco se conoce de las resistencias y los motivos por los cuales se oponen al dorado desarrollo. Después de hacer una pequeña aproximación a los impactos de la actividad minera, se intentará abordar el tema y las causas de las resistencias mineras.
