Gabriel Reyes Silva/ Corresponsal/

El diseño de un modelo de desarrollo diferente para Guatemala es una necesidad recurrente de nuestra historia.  Después de los procesos modernizadores del 44, no hemos conocido algún intento de reforma general al modelo de administración pública que a diario nos grita su disfuncionalidad.

La administración pública en Guatemala ha centrado su fracaso en los vicios más burdos del contexto mundial, el clientelismo, el nepotismo, la corrupción interna que resulta imperceptible para la justicia y la ausencia de tecnócratas para manejar los procesos burocráticos más básicos, han deteriorado el funcionamiento técnico de casi todas las entidades importantes del Estado. Pasando por los ministerios, el congreso, las municipalidades, las secretarías y las oficinas estatales.

Para optar a un puesto público basta con el “sobrinismo”, el “compadrazgo” y el sinfín de favores políticos, que van desde un puesto público sin el perfil requerido, hasta la concesión de obras públicas a postores que no necesariamente llenan los requisitos legales.

El Estado es entonces una gran familia, donde la hermandad es fantástica, pero la eficiencia es un fantasma.

La preparación académica y la experiencia técnica de los funcionarios son utopías en el contexto guatemalteco, que en países desarrollados han jugado un papel fundamental para las administraciones públicas, basta con analizar el caso brasileño y el sistema de reclutamiento y  fiscalización, función exclusiva de una institución autónoma creada por el gobierno desarrollista de Getulio Vargas, conocida como el DASP. O los ejemplos de los sistemas de reclutamiento cerrados en los modelos inglés y francés.  (Para caso brasileño, ver)

Pero el modelo de reclutamiento y asignación de puestos públicos no es el único problema…

Todos estos países en algún momento de su historia, han adaptado la administración pública a su contexto local, creando modelos sui generis, con la finalidad de acrecentar el Estado y extender su alcance a todos los sectores del país.  La tragedia guatemalteca va desde el no encontrar en su historia algún intento exitoso de crear un modelo de este tipo, adecuado al contexto local, hasta el esfuerzo por importar modelos utilizados en otros países donde la realidad es muy diferente.

Los proyectos de solidaridad importados de México o el modelo de cohesión social brasileño; todos fueron implementados en sus países de origen por Estados grandes y con alcances infinitamente superiores a los del paupérrimo Estado guatemalteco, todos buscaron un modelo de financiamiento que fuese apropiado a su contexto legal y sostenible a largo plazo. El diseño federal en el caso mexicano, le permitió la implementación de un sistema de transferencias condicionadas (Mi familia progresa en el gobierno de Álvaro Colom), que fue destruido por la opinión pública y por su propia funcionalidad en el caso guatemalteco.

Era previsible que la politización de los programas sociales, el utilizarlos como bandera de campaña y la participación directa de una figura no institucional, como la de la primera dama, llevarían el intento, aunque respetable, al fracaso.

Sin embargo, aunque su ejecución fuera fallida, el modelo presentaba un problema más grande desde un principio, y es que no era adaptable al contexto nacional. El tamaño del Estado guatemalteco no es comparable con el mexicano o el brasileño, y eso implica los alcances de un Estado Federal y sus ventajas de fiscalización y ejecución. Financiar los proyectos hubiese requerido un presupuesto insostenible, al menos que alguna institución como Segeplan diseñara una versión adaptada en razón del presupuesto disponible, que fuera reconocida por el Ejecutivo.

Guatemala necesita una iniciativa importante para crear sus propias políticas públicas, basadas en la realidad y no importarlas como franquicias privadas, implementándolas como vacunas, cuando las enfermedades son distintas.

El papel de la academia…

El concepto de gestión pública ha sido prostituido por algunos sectores académicos, el caso guatemalteco aún se encuentra en pañales y la implementación de un modelo de gestión se percibe distante.

Debemos empezar por reformar los aspectos más básicos de la academia, enfocar el estudio de la Ciencia Política al campo institucional, olvidar de una vez el paradigma normativo y salirnos del imaginario social, que aunque es importante, desvía la atención de los aspectos técnicos fundamentales. El estudio de la administración pública, el reconocimiento a los procesos burocráticos como fundamentales, sobre todo en los procesos de selección de personal para el Estado, son la base de la que debemos partir.

Vivimos enfocando nuestros esfuerzos al estudio de los problemas sociales y de la historia colonial. Los esfuerzos por crear un modelo de desarrollo adaptable a nuestra administración pública, fundamentado técnicamente por expertos y desarrollado para el contexto guatemalteco es una utopía fantástica que está lejos de ser prioridad en la investigación académica.

Y descontaminar la misma academia de los vicios burdos de la administración pública parece también complicado; el nepotismo, el clientelismo y el famoso “cuello” tienen inundado al sector académico y es un reflejo macabro de la realidad generalizada.

Las generaciones venideras deben limpiar esa bacteria que prácticamente se ha institucionalizado, tal vez con una epifanía moralista, o un milagro, empecemos los estudiosos de la Ciencia Política a enfocarnos en los procesos institucionales, a buscar optimizar los modelos burocráticos, a acrecentar el tamaño del Estado, a incidir desde su entraña misma y desarticular el histórico “compadrazgo”.

Es función de la academia y de los nuevos intelectuales promover un modelo meritocrático, que en la práctica y el largo plazo, produzca la optimización de la administración pública, en busca de la eficiencia, a través de un modelo exclusivo al contexto guatemalteco.

Fotografía: toquesonmoto.blogspot.com