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Por: José Javier Gálvez H.

El 25 de agosto de este año, Brújula publicó una columna de opinión de Daniel Monroy (a quien no tengo el gusto de conocer) que lleva por título Paralizar un país dividido. En ella, Daniel realiza una crítica -con la que disiento- a las movilizaciones recientes, que han recibido la denominación de Paro Plurinacional.

En la línea del respeto y coincidiendo con el autor de la columna, en la importancia de la libertad de expresión y el debate informado, pretendo exponer una visión diferente de los movimientos sociales de este y otros años, la importancia de reconocerlos y escucharlos.

En su columna, Daniel indica que “en lo personal, no comparto ninguna de las ideas de ningún movimiento, ni de los políticos que toman la bandera en esos espacios.” Parto de aquí porque este reconocimiento debería ser suficiente para entender que los intereses políticos que mueven a unos y a otros son distintos, y que en una democracia, el disenso es un buen síntoma, pues la variedad de intereses debe reflejarse en una variedad de opiniones en la palestra política.

Aunque el hecho que Daniel no comparta ninguna de las ideas que proponen los grupos que han convocado al Paro es un poco más complejo, puede entenderse desde una perspectiva histórica. Seguramente, como él expone, los grupos manifestantes no comulgarían con una iniciativa propuesta por el diputado Álvaro Arzú, precisamente porque éste cuenta con un privilegio de clase, que su familia ha mantenido por años y que ha perpetuado la exclusión de otros grupos sociales en favor de sus propios intereses.

Incluso me atrevería a decir que ni siquiera yo comparto todas las ideas -por ejemplo- de los 48 Cantones de Totonicapán. Su lucha me es ajena porque mi realidad es distinta.

Yo estudio, trabajo y vivo en la ciudad capital y tengo acceso a todos los servicios básicos, a educación superior privada e incluso me es más fácil ejercer mi derecho de petición a las autoridades.

Los pueblos indígenas, en cambio, han sido excluidos históricamente.

En su libro: Por qué fracasan los países, Daron Acemoglu y James Robinson cuentan:

En Guatemala, como en gran parte de América Central, vemos una forma (…) simple, (…) manifiesta, del círculo vicioso: los que tienen poder político y económico estructuran las instituciones para garantizar la continuidad de su poder, y logran hacerlo. Este tipo de círculo vicioso conduce a la persistencia del subdesarrollo, de las instituciones extractivas y del poder en manos de las mismas élites.

A ese respecto se pronuncia Marta Elena Casaús Arzú (incluso citada por Acemoglu y Robinson), señalando que históricamente un grupo de 22 familias controlan el poder político y económico desde 1531. En definitiva, si recordamos que antes de 1531 ya existían pueblos indígenas en Guatemala, que poco a poco fueron desposeídos de sus tierras y sus propiedades, obligados a adoptar una religión y formas de vida nuevas, e incluso en muchos casos fueron masacrados durante el Conflicto Armado Interno, el resultado natural es que estos grupos no compartan las ideas de aquellos que les han oprimido desde hace siglos.

Visto así, no sería raro que Daniel coincidiera conmigo en que es natural y entendible que la agenda política e intereses de estos grupos sociales sean distintos a la suya y que eso está bien.

En consecuencia, los grupos sociales históricamente excluidos, necesitan una forma de hacerse escuchar.

Me parece que hay dos perspectivas que Daniel olvida cuando señala que “no sabe si las manifestaciones sirven”. La primera de ellas es que desde el punto de vista jurídico, sirven porque constituyen el legítimo ejercicio de un derecho. La Constitución Política de la República recoge este derecho en su artículo 33, señalando que “los derechos de reunión y manifestación no pueden ser disminuidos o coartados”. Este mismo derecho está consagrado en el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Guatemala es parte. Es preciso decir que estas disposiciones no pueden ser interpretadas de manera restrictiva.

Y, a propósito de su interpretación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) señaló en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México que:

la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio del cual se puede reclamar la protección de otros derechos”.

En ese y otros casos, la Corte IDH ha señalado la importancia del reconocimiento de este derecho, en su relación con otros derechos políticos, para hacer posible el juego democrático. Entendiendo esto en armonía con la perspectiva histórica previamente aludida, podemos (y debemos) reconocer que estas manifestaciones son la única arma que separa a los pueblos oprimidos de los estados que fallan en garantizar sus derechos.

Finalmente, la segunda perspectiva que hay que tomar en cuenta es política. En Chile, por ejemplo, tomó seis meses de protestas lograr el consenso suficiente para reformar la constitución del dictador Pinochet. Independientemente de la postura con respecto a ese caso específico, difícilmente podría decirse que manifestaciones como esas no sirvieron para nada. Por eso me confunde el escepticismo con que Daniel señala que no sabe “cuántas semanas han pasado desde que empezó toda esta costumbre de bloquear ciertas zonas del país”.

En ese sentido, la manifestación es también acción política. Y la acción política es sumamente necesaria desde diversos frentes para combatir un enemigo común: un estado profundamente corrompido.

Sostengo entonces que, en definitiva, el paro no solo es una opción viable. Es una opción necesaria para evitar que todo siga marchando como hasta ahora.

Finalizo con un último disenso a las palabras de Daniel. El tiempo no nos va a ayudar a encontrar respuestas. Es necesario detenerlo y encontrarlas por nuestra cuenta, con acciones materiales, políticas y jurídicas que constituyan un auténtico cambio.

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